Huacho. El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra el suboficial de la Policía Nacional Luis Nazario Chumbes, investigado por la muerte de Fran Junior Collantes, un niño de 8 años que falleció tras recibir un impacto de bala durante una intervención policial ocurrida la madrugada del último domingo en la ciudad de Huacho.
La audiencia en la que se evaluará el requerimiento fiscal fue programada para este miércoles a las 2:30 de la tarde en la sede de la Corte Superior de Justicia de Huaura, donde el Poder Judicial determinará la situación legal del efectivo policial.
El hecho ocurrió en la calle Mercedes Indacochea, luego de un accidente de tránsito que involucró a una mototaxi en la que viajaban el menor, su madre y otras personas.
De acuerdo con un comunicado preliminar de la Policía Nacional, el agente hizo uso de su arma de reglamento al señalar que los intervenidos habrían intentado agredirlo o arrebatarle el arma. Sin embargo, esta versión forma parte de la investigación y será contrastada con las diligencias que realiza el Ministerio Público.
De manera preliminar, el caso viene siendo investigado por el presunto delito de homicidio culposo, aunque la calificación jurídica podría variar conforme avancen las investigaciones. Asimismo, se informó que otras cuatro personas permanecen detenidas por estos hechos.
En medio del dolor de familiares y amigos, los restos de Fran Junior Collantes, quien había cumplido ocho años el pasado 16 de julio, fueron despedidos en una ceremonia realizada en su institución educativa, el colegio Pasitos de Jesús.
Compañeros, docentes y familiares participaron en un homenaje póstumo al menor, recordándolo como un niño alegre que soñaba con convertirse en astronauta y mostraba un gran interés por el universo.
El caso ha generado una fuerte conmoción a nivel nacional y reabrió el debate sobre los protocolos de intervención policial y el uso de armas de fuego durante operativos.
Diversos especialistas han planteado la necesidad de fortalecer la capacitación permanente de los efectivos policiales, así como la realización de evaluaciones psicológicas periódicas, con el objetivo de prevenir hechos similares y garantizar intervenciones ajustadas a los principios de legalidad y proporcionalidad.
