El Indecopi Tacna señaló que no tiene competencia para intervenir directamente ante el incremento de los pasajes del transporte público y precisó que corresponde a la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) regular las condiciones del servicio.
El jefe de la Oficina Regional del Indecopi en Tacna, Marcos Lipa, aclaró que su institución no tiene facultades para congelar ni reducir la tarifa de S/1.50 que el transporte público busca imponer, debido a que los precios se rigen por las reglas del libre mercado.
“Si el precio se incrementa, como se incrementa el pollo, la gasolina u otro tipo de productos, el Indecopi no tiene facultades para frenar los incrementos”, señaló Lipa.
El funcionario explicó que Indecopi solo puede intervenir cuando existan indicios de prácticas anticompetitivas, como una eventual concertación de precios entre empresas debidamente probado, pero no puede ordenar administrativamente que los transportistas reduzcan sus tarifas.
Respecto a las condiciones en que opera el transporte urbano e interurbano, el funcionario precisó que la MPT es la entidad encargada de regular aspectos como las rutas, horarios, concesiones y número de unidades autorizadas. Lipa remarcó que Indecopi concentra sus funciones en la protección al consumidor y otras materias específicas establecidas por ley, por lo que no puede asumir competencias que corresponden a la autoridad municipal.
En tanto, la denuncia presentada por César Málaga Aldana contra empresas de transporte por una presunta concertación para incrementar los pasajes, indicó que esta fue derivada a la Dirección de Libre Competencia de Indecopi, en Lima.
Según explicó Lipa, la oficina regional no tiene competencia para resolver este tipo de investigaciones, por lo que corresponde a la sede central recabar información y determinar si existen elementos que acrediten un eventual acuerdo ilegal entre los transportistas.
El jefe regional estimó que una investigación de esta naturaleza puede superar los 120 días hábiles, debido al análisis y recopilación de pruebas necesarias para determinar si hubo una infracción a las normas de libre competencia.
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