La Benemérita Sociedad de Artesanos de Auxilios Mutuos «El Porvenir» exigió la derogatoria y anulación de la Ordenanza Regional N.° 007-2026-CR/GOB.REG.TACNA, que reduce en más de 2,107 hectáreas la extensión del Sitio Prioritario de Conservación Tillandsial del Intiorko. La institución cuestiona que la modificación se haya aprobado sin los informes técnicos y las consultas que, según denuncia, eran necesarios.
Mediante un pronunciamiento público, la organización señaló que la norma reduce el área protegida de 27,278.87 a 25,171.35 hectáreas, bajo el argumento de una actualización técnica. Advirtió que la medida podría comprometer la conservación de las «Siempre Vivas» (Tillandsia werdermannii), especie endémica de la región considerada en peligro de extinción.
La sociedad también destacó el valor histórico del cerro Intiorko, vinculado a episodios de defensa nacional durante la Guerra del Pacífico, y sostuvo que la modificación debe ser revisada por sus posibles consecuencias ambientales y patrimoniales.
La institución cuestionó el procedimiento seguido por el Consejo Regional de Tacna y afirmó que el Dictamen N.° 005-2026 fue aprobado en menos de 48 horas desde la recepción del expediente, durante una sesión extraordinaria.
Según el pronunciamiento, no se habrían incorporado los informes técnicos necesarios ni solicitado la opinión formal de las municipalidades de Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Calana y Pachía. La organización considera que estas omisiones ameritan una revisión del procedimiento y de la legalidad de la norma.
Asimismo, advirtió sobre un presunto riesgo de tráfico de terrenos y sostuvo que la reducción del área protegida podría favorecer intereses particulares. La junta directiva, encabezada por el presidente Juan Manuel Velásquez Calderón y el fiscal José Miguel Zuazo Valdivia, anunció que acudirá a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental para solicitar una investigación sobre los posibles daños a la flora protegida y las responsabilidades que pudieran derivarse.
También anunció que recurrirá a la Contraloría General de la República para que examine el procedimiento administrativo y determine si existieron faltas o negligencias.
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