Sostienen juristas Julio Arbizu y Carlos Rivera.
2,074 mujeres fueron afectadas con las esterilizaciones forzadas.
Los juristas Julio Arbizu y Carlos Rivera respaldaron el pedido de la Procuraduría Anticorrupción para ampliar las investigaciones por el caso de esterilizaciones forzadas, debido a la gravedad de los hechos y a la cantidad de mujeres implicadas en estas prácticas durante el régimen de Alberto Fujimori.
Arbizu informó que la defensa de las víctimas también ha solicitado la ampliación del plazo de las investigaciones y que el caso sea declarado complejo, en vista de que reúne a 2,074 mujeres afectadas.
«Es complejo por la cantidad de investigados y de víctimas. Además, requiere de mayores herramientas de investigación de las que se han utilizado hasta ahora. El tiempo de ampliación que se determine dependerá de la fiscal Marcelita Gutiérrez», afirmó.
Por su parte, el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, consideró ´muy corto´ el plazo de 90 días para las investigaciones y que se necesita más tiempo para una completa pesquisa.
Rivera ejerce la defensa de un grupo de mujeres de la provincia altoandina de Anta, en Cusco, y también de otro grupo de la provincia piurana de Huancabamba.
Por este caso son investigados, el ex presidente Alberto Fujimori, los ex ministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga y Eduardo Yong, además de cuatro asesores del régimen fujimorista (1990-2000).
La Procuraduría Anticorrupción solicitó esta semana ampliar el plazo de la investigación fiscal para el caso de las esterilizaciones forzadas, a fin de que su pronunciamiento se dé garantizando el legítimo derecho de las partes.
El pedido se hizo ante la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, bajo el argumento de que la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional dispuso un breve plazo de investigación preliminar, sin considerar la naturaleza y complejidad de la misma.
