El abogado Cristian Astete se refirió al caso denominado por fiscalía como «Los saqueadores de Ilabaya». Comentó que el futuro pedido de prisión preventiva ahora debe seguir nuevos lineamientos aprobados en plenario jurisdiccional penal.
Cristian Astete, abogado penalista. (Foto: Radio Uno)
Según el especialista en materia penal, Cristian Astete el caso denominado por fiscalía como “Los Saqueadores de Ilabaya” puede durar hasta 36 meses “que más se podrá conocer en estos 36 meses”, comentó.
Para el abogado, será un tema absolutamente complejo “dada la pluralidad de investigados, la pluralidad de delitos y circunstancias que rodean los mismos”.
Acotar que el caso está a cargo del fiscal Ludwing Flores Valdivia quien imputa organización criminal, peculado doloso por apropiación, colusión, negociación incompatible y falsedad genérica.
Como se recuerda, el fiscal reveló a Radio Uno que luego de la detención preliminar dictada por el juez en contra de 22 personas (21 fueron capturados) 9 se acogieron a la colaboración eficaz y que la información que ellos venían brindado ayudaba a fortalecer la hipótesis de la fiscalía.
Astete dijo no estar de acuerdo con la finalidad de la detención impulsada por el fiscal Flores.
“No comparto porque el objetivo de la detención preliminar, no es que se quiebre el imputado para que brinde información, sino cuando no hay supuesto de flagrancia u obstaculización de la verdad para eso se solicita la detención preliminar, no con finalidad de que con su privación pueda facilitar información al ministerio público”, dijo.
También se pronunció sobre el caso «Los Limpios de Tacna» denominado así por la fiscalía anticorrupción que imputa organización criminal a ex autoridades de la comuna provincial y gobierno regional de Tacna. A decir de Astete, el pedido de prisión preventiva se desnaturalizó, pues ha pasado 9 meses y los investigados han demostrado que no representan un peligro de fuga e incluso el caso debería pasar a juicio oral.
Siendo así, recalcó que en adelante, el mandato de la prisión preventiva exige nuevos requisitos para evitar cualquier vulneración del derecho, como la sospecha fuerte y los peligros de obstaculización, entre otros criterios jurídicos.
Esto de conformidad con los nuevos estándares jurídicos acordados por los magistrados de las salas penales de la Corte Suprema, reunidos en el 11° Pleno Jurisdiccional Penal. Reglas que deberán ser invocados por los jueces de todas las instancias en sus fallos.
