El pleno del Congreso aprobó el 21 de enero, por insistencia, la autógrafa de ley que establece que un referéndum sobre reforma constitucional debe ser aprobada previamente por el Legislativo.
Sobre el tema, el abogado y analista político, Luis Miguel Purizaga, refirió que tal decisión reafirma “de forma innecesaria una condición para que proceda un referéndum en el país” pues refirió que “existe una cuestión relacionada a la interpretación del art. 32 de la Constitución de la mano con el art. 206 de la Constitución. Este problema en relación a la interpretación es, si es que el art 32 se puede interpretar de forma individual sin tener en cuenta lo que dice el art. 206”.
“Los que consideran que esto es así, indican que se puede llevar a cabo un referéndum vía este criterio de teoría política de la democracia directa sin necesidad de que esta iniciativa pase por el Congreso a diferencia de lo que indica el art. 206, que toda reforma tiene que pasar por el Congreso”, agregó.
Siendo así, mencionó que desde el lado jurídico se inclinaría por decir que la Constitución se tiene que interpretar en un contexto global “y eso nos haría decir que sí es necesario de que para un referéndum, este proceso, pase directamente por el Congreso”.
Además, que “la ley 26300, ley de derechos de participación y control ciudadanos nos hace referencia al art 206 y haría que asumamos que la interpretación del art. 32 tiene que ir de la mano con el 206, por lo tanto constitucionalmente y legalmente el asunto estaba claro, necesariamente para un referéndum se tiene que pasar por el Congreso”.
Para el abogado, “el problema de fondo es una deficiente representación congresal que no recoge el buen sentir de la población que sí desea un referéndum, un cambio total de la Constitución”.
“Se está buscando rehuir al debate amparándose en una legalidad que como me parece es innecesaria porque la Constitución establece requisitos para un referéndum”, comentó.
“Este es el espacio para en lugar de poner más candados al tema de la reforma de la constitución, este escenario es propicio para abrir debates”, agregó a la vez de recomendar que tanto opositores como aquellos a favor del referéndum puedan unirse y llevar una vocería conjunta y quede claro los puntos de vista.
El Poder Ejecutivo presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley que establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Legislativo antes de ser sometida a un referéndum. Sobre ello, dijo que una vez el TC marque posición “los caminos legales ya se agotarían”.
“Me parece que el presidente lo que está diciendo es que (…) el TC esclarezca esta interpretación de estos dos artículos y cómo debería entenderse democracia directa y representativa”. Siendo así, refirió que de ser negativa la respuesta, las herramientas legales estarían agotadas. El tema de referéndum, si nos ceñimos, se agotaría en esa instancia”, agregó.
Pero “ya con la venia del TC la modificación pasaría al nivel de debate y no solo legal porque el TC ya habría sentado una posición legal, sino habría que analizar del lado político sobre ¿Cómo se llevará a cabo? ¿Quiénes participarán de la Asamblea Constituyente? y si estamos al nivel y la pregunta será un poco más operativa ¿estamos en capacidad de implementar? y ¿Quiénes serían los elegidos?”, añadió.
