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Actos administrativos de subasta de terrenos continúa en la MPT pese a nulidad

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La representante legal de la asociación Villa Ecológica – Oasis II, Marcela Urteaga Paredes, advirtió que funcionarios de la Municipalidad Provincial de Tacna siguen desplegando actos administrativos en subasta pese a que esta fue anulada mediante acuerdo de concejo del 4 de abril. 

Como se recuerda, el concejo provincial aprobó el 20 de diciembre de 2021 el acuerdo a favor de la subasta de terrenos municipales. Sin embargo, el 19 de diciembre del mismo año la Superintendencia de Bienes Nacionales aprobó la directiva 006-2021-SBN que derogó la norma anterior. La misma entró en vigencia el 20 de dicho mes. Es decir, el mismo día de la sesión de concejo. 

“Es decir, la municipalidad debió continuar, si continuaba, bajo las reglas de esta nueva directiva, que es la 006-2021-SBN, y no lo hizo. Es decir, la subasta pública fue aprobada con una norma derogada”, dijo Urteaga. 

Sin embargo, pese a que el concejo provincial aprobó anular la subasta pública el 4 de abril de 2022, los trámites habrían continuado en las oficinas administrativas de la municipalidad. 

“Lo que nosotros estamos denunciando es que, a pesar de la nulidad de la subasta, hay funcionarios de la municipalidad que siguen desplegando actos referentes a esta subasta. Eso es lo que hemos denunciado”, acusó. 

Urteaga Paredes subrayó que en febrero de 2022 interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el alcalde Julio Medina y contra el entonces subgerente de bienes patrimoniales, Alonso Ávalos. Dicha investigación fiscal habría encontrado indicios de un interés particular de estos funcionarios por llevar a cabo estas subastas y beneficiar a los postores. 

“En el entendido de que ya existe una investigación aperturada por parte del Ministerio Público, donde señala que existen indicios de un interés directo de estos funcionarios, ya podríamos nosotros avisorar que, si es que se anula la subasta y se continúa con los actos que corresponden a la subasta anulada, se presta a suspicacias. Podríamos decir que se va a generar no solo responsabilidad administrativa, sino también penal”, subrayó.