Fiscalía Anticorrupción logró que el juez Rolando Sevincha amplíe a siete los días de detención preliminar para los cinco sindicados de integrar la presunta organización criminal “Los Pulpos de Gregorio Albarracín”, los policías Marco Antonio Hurtado Valdivia (59), David Ruiz Loayza (27) y Marco Antonio Cahuaya Manrique (36), el abogado Ivan Antony Tirado Rebaza (35) y el beneficiario Jhoel Huanca Ticona (31), detenidos en megaoperativo el 20 de mayo y recluidos en la comisaría Ciudad Nueva.
En diligencias programadas para hoy se incluye el deslacrado de celulares y declaraciones testimoniales no solo de los detenidos, también involucrados.
Ante la resolución judicial que solo señala a cinco imputados. El fiscal Ludwig Flores destacó que son 25 los investigados siendo considerados 15 para el pedido de requerimiento de prisión preventiva por tratarse de personas claves de las cuales 10 son policías, 3 abogados y el resto civiles supuestamente beneficiados, previo pago, con la no emisión de papeletas de tránsito por conducción en estado de ebriedad y otras infracciones.
“Hemos sostenido que las 15 personas filtradas eran importantes por cuanto eran hechos concretos (…) uno de los investigados, el abogado involucrado es cómplice del delito de cohecho entonces ahí una critica sana a la resolución judicial es cómo le da una detención al cómplice y no a los autores que serían los efectivos policiales”, cuestionó el fiscal.
NO SOLO POLICÍAS Y ABOGADOS
Las investigaciones inician en 2019, pero las escuchas comienzan en 2020 de las cuales – según el fiscal- se desprenden “una gran cantidad de personas incluso de conocidas desde el ámbito educativo que no eximen de responsabilidad” y lo que se hace ahora con los celulares incautados de los efectivos policiales se busca cerrar el círculo “porque si bien no están en la línea abierta debe estar en los diálogos de WhatsApp”, agregó.
El MODUS OPERANDI -explicó el fiscal Flores- era la coordinación entre policías y abogados a fin de captar potenciales “clientes” que incurrieran en su mayoría en delitos de peligro común y cualquier otra infracción de similar índole como – en su momento- evasión a las disposiciones por pandemia siendo taxistas la mayor cantidad de beneficiados.
“Los efectivos policiales, cuando eran las investigaciones lo que hacían era básicamente a los intervenidos casi obligarles a que tomen los servicios de estos abogados implicando inclusive con palabras que tenemos en los audios diciéndole yo no trabajo sino es con este abogado (…) y es por medio de esos abogados que se solicitaban las dádivas”, precisó el fiscal, en declaración a la prensa.
La comisaría de Gregorio Albarracín es considerada en la investigación -por el fiscal- como el núcleo de la corrupción, pero los tentáculos se extendieron a otras dependencias de la PNP debido a la rotación de agentes policiales siendo también objeto de intervención las comisarías Vigil, Central y Pachía.
“¿Por qué se va con otras comisarías? porque justamente los abogados son los que nos llevan ahí (…) así el policía se pase a otra comisaría pues a quien llamaba era al abogado y así llegamos a la comisaría Central, de Pachía y no solo esas, podemos decir que en la orden de investigación estamos hablando de tres comisarías más“, manifestó.
Policías y abogados integrarían organización criminal «Los Pulpos de Gregorio Albarracín»
«Los pulpos de GAL» también favorecían delito contra la libertad sexual
