Este viernes 14, el Congreso inicia el trámite de la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra el presidente Pedro Castillo. Al momento, el Gobierno continúa su critica a la gestión del Ministerio Público al que acusa de haberse politizado para «impulsar un golpe de Estado».
Sobre la situación política, el ex procurador anticorrupción, Julio Arbizu, refirió que “incluso algunos antes de la proclamación de Castillo ya pensaban en su salida y se ha movido todo para que esto sea posible”. No obstante, aseveró que “en este concierto todas las voces desafinaron incluida la del presidente antes de que lleguemos hasta este momento. Debió ser lo más transparente y no lo fue”.
En cuanto a la acusación fiscal. Arbizu comentó que “hay varias cosas que analizar. Si la convención anticorrupción de Naciones Unidas puede ser considerada un tratado en materia de derechos humanos, yo creo que sí. La corrupción afecta derechos fundamentales”.
Pero “el problema es que el art. 30 del tratado sostiene que todos los Estados deben hacer esfuerzos para evitar la impunidad y las inmunidades que se señalan en la legislación interna no debe interferir en la justicia”. Y “muchos olvidan que el tratado dice que, tiene que ser en concordancia con la legislación interna y esta tiene un art. 117 que nadie ha estudiado, ha estado únicamente en discusión en espacios académicos”.
