El juezgado declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva que solicitó la Fiscalía contra el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el presunto financiamiento ilícito de la referida organización. Se le imputa al exgobernador regional de Junín los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. De acuerdo con la tesis fiscal, tanto partidarios de Perú Libre como familiares de Vladimir Cerrón estaban involucrados en transferencias, conversión y ocultamiento de dinero proveniente de pagos ilícitos que habrían recibido por la adjudicación irregular en licitaciones y contrataciones de servicios en el Gobierno Regional de Junín.
El representante del Ministerio Público, Richard Rojas, sustentó el pedido de prisión preventiva por 36 meses en la pena de hasta 35 años de prisión que podría recibir el líder de Perú Libre, el peligro de evasión a la justicia y la posible interferencia del proceso con los testigos y peritos. Asimismo, sostuvo que Cerrón no tiene arraigo laboral, ya que se desconoce algún centro de trabajo tras salir de EsSalud; ni arraigo domiciliario, por el hecho de que ha declarado diversas direcciones en Lima y Huancayo.
La defensa técnica de Vladimir Cerrón solicitó al juzgado que se le impongan otras medidas de restricción a su defendido, como la comparecencia restringida, ya que, según argumentó, la investigación viene desarrollándose en un periodo de cinco años y Cerrón Rojas ha asistido a todas las citaciones.
