La Contraloría General dio a conocer los resultados del operativo nacional de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” realizado en 14 entidades públicas en Tacna, con el cual se pudo verificar que 31 directivos de libre designación y remoción pertenecientes al gobierno regional y municipalidades (provinciales y distritales) no acreditaron el cumplimiento de los requisitos mínimos de formación académica y/o experiencia establecidos en la Ley N° 31419 y su reglamento, así como en los documentos de gestión de sus respectivas entidades.
Cabe señalar que la Ley N° 31419 está vigente desde febrero del 2022 y establece una serie de disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción.
De esta manera se verificó se hallaron a diez directivos que no acreditaron el cumplimiento de la norma en el Gobierno Regional, cinco en la Municipalidad Provincial de Jorge Basadre, ocho en la Municipalidad Provincial de Tarata y 1 en la Municipalidad Provincial de Tacna.
Asimismo, un funcionario en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, uno en la Municipalidad Distrital de Calana, tres en la Municipalidad Distrital de Ilabaya y dos en la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa.
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Operativo nacional
La realización del operativo nacional dado a conocer mediante Informe N° 21998-2023-CG/GRLIM-SOP, de “Verificación de requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública” permitió verificar el cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el ejercicio de la función pública de directivos públicos de libre designación y remoción en un total de 554 entidades, a las cuales se les realizó 581 servicios de control simultáneo en todas las regiones del país.
Con este operativo se desplegaron 1218 auditores distribuidos en 583 comisiones de control que intervinieron en 25 gobiernos regionales, 56 unidades ejecutoras de gobiernos regionales, 196 municipalidades provinciales, tres empresas municipales y 274 municipalidades distritales.
Las comisiones de control revisaron legajos de 5756 directivos de libre designación y remoción de los cuales 4774 corresponden al segundo nivel organizacional (gobiernos regionales y locales) y 982 al tercer nivel organizacional (gobiernos regionales).
Además, se identificaron a 16 entidades con directivos públicos que no tenían la condición de “habilitados” en sus respectivos colegios profesionales. Esta situación ocasiona el riesgo de carencia de legalidad en los actos propios del desempeño de sus funciones. Las entidades comprometidas se ubican en Lima Metropolitana con cuatro casos, Cajamarca, Ica, La Libertad y Lima Provincias con dos casos cada una y Apurímac, Ayacucho, Madre de Dios y Tacna con una entidad en cada región.
Finalmente, en 27 entidades se identificaron deficiencias en el ordenamiento, archivo y custodia de documentos en los legajos personales de directivos públicos, lo que significa un riesgo que puede afectar la integridad de la información que sustenta la designación de esos directivos públicos.
