Soledad Egoavil Valera, madre de familia con un hijo que padece de cáncer, denunció haber sido despojada de manera irregular de su vivienda ubicada en la junta vecinal Villa Pacífico, Manzana E Lote 14, en el distrito de Calana. Detalló, que el desalojo se llevó a cabo recientemente, en medio de serias irregularidades en un proceso judicial liderado por el juez Saúl Arenas Pérez.
Según la denunciante, la vivienda en cuestión fue adquirida dentro de su matrimonio, pero el problema se originó cuando su esposo hipotecó la propiedad a Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Tacna (Caja Tacna) sin su conocimiento ni firma, presentándose en la entidad financiera como soltero.
Al enterarse de la hipoteca, la agraviada contactó a «la doctora Candy de Caja Tacna», donde le informaron que el esposo figuraba como soltero, a pesar de que la casa fue comprada dentro del matrimonio. Así, intervino, y la hipoteca inicial fue cancelada, quedando la deuda en cero, pero Caja Tacna se cobró otra deuda pendiente del esposo, proveniente de un préstamo por descuento de planilla (ya que él es personal nombrado de la municipalidad provincial).
La abogada de la denunciante, Gloria Carrasco, señaló la irregularidad de que se utilizara la hipoteca de la casa —la cual había sido pagada— para asegurar una deuda distinta. Egoavil presentó al juez Arenas Pérez la cancelación de la hipoteca y la partida de matrimonio para que la incorporaran a la demanda y se ejecutara la desafectación de su propiedad. A pesar de tener conocimiento de estos documentos, el juez le habría respondido: «Señora, ya pues su casa ya la vendí, está en remate ¿Qué quiere que haga?».
La abogada Carrasco sostiene que, dado que la propiedad es conyugal y la esposa no firmó la hipoteca, el Poder Judicial debió haber embargado y rematado únicamente la mitad de la casa que le correspondía al esposo, actuando de forma equitativa. El remate se otorgó a una tercera persona, identificada como Margarita Aquise Laquita.
Durante el lanzamiento, la señora Egoavil y su abogada no fueron autorizadas a ingresar a la vivienda para retirar y supervisar sus pertenencias. El juez Saúl Arenas terminó el desalojo, sacando las cosas a la calle. El mayor problema radica en que, según Carrasco, el juez no entregó las pertenencias a la señora mediante un acta ni nombró un depositario. Soledad Egoavil denuncia que no le han entregado nada y que ha perdido dinero (de la venta de animales) celulares y documentos. La policía, presente en el lugar, no permitió que la señora se acercara a sus bienes que estaban en la vía pública.
Egoavil, cuya salud se ha visto deteriorada, se encuentra ahora sin un lugar donde pernoctar, pues la vivienda desalojada era su único domicilio. La defensa legal de Soledad Egoavil procederá con el proceso de nulidad de acto jurídico y la reivindicación de la propiedad. Además, la abogada Carrasco adelantó que presentará una denuncia contra el juez Arenas Pérez por apropiación de las cosas y por las irregularidades del proceso ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). La abogada exige al juez que «le entregue sus cosas a la señora como debe ser mediante acta».
