Han pasado 33 años desde el asesinato de Pedro Huilca Tecse, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ocurrido el 18 de diciembre de 1992, y hasta hoy el Estado peruano mantiene una deuda de justicia en uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos.
El dirigente sindical Vladimiro Begazo lamentó que, mientras se promueven amnistías políticas para crímenes de lesa humanidad, los asesinatos de líderes sindicales y sociales permanecen impunes. Huilca, además de su rol sindical, participó activamente en el Parlamento en la elaboración de la ley de la bolsa de trabajo para el sector civil. Su legado es continuado por su hija, Indira Huilca, quien mantiene una activa labor política en defensa de los sectores populares.
Ante la falta de garantías de justicia en el país, el caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El Estado peruano se allanó y reconoció su responsabilidad internacional, comprometiéndose a investigar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen.
De acuerdo con Begazo, las pruebas acumuladas apuntan a la participación del Grupo Colina, escuadrón de la muerte vinculado al aparato estatal durante el régimen de Alberto Fujimori. El asesinato de Huilca se suma a otros crímenes de la época, como los de Barrios Altos, La Cantuta, la tortura y muerte de Leonor La Rosa, el asesinato del dirigente minero Saúl Cantoral y el descuartizamiento de la agente Mariela Barreto.
La lucha sindical que encabezó Huilca enfrenta hoy nuevos desafíos. Según Begazo, los derechos laborales conquistados durante décadas están siendo debilitados, en un contexto regional marcado por el avance de sectores de ultraderecha.
Como ejemplo, mencionó las protestas en Argentina contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, comparándolas con las medidas adoptadas en Perú tras el autogolpe de 1992, cuando se recortaron derechos como la estabilidad laboral, la negociación colectiva y la jornada de ocho horas. Asimismo, criticó la implementación del llamado “protocolo antipiquete”, al que calificó como una forma de criminalización de la protesta.
Pese a este panorama, Begazo sostuvo que la lucha democrática y social en América Latina continúa. Recordó que los pueblos que protagonizaron hitos como el paro nacional de 1979 o la Marcha de los Cuatro Suyos mantienen la legitimidad moral para defender la democracia y los derechos fundamentales.
A 33 años del asesinato de Pedro Huilca, su nombre sigue siendo un símbolo de la lucha por justicia, memoria y derechos laborales en el Perú.
