A tres años de los trágicos sucesos en Juliaca y Ayacucho, la búsqueda de justicia para los deudos de las protestas sociales realizadas contra el gobierno de la expresidenta Dina Boluarte enfrenta un nuevo y crítico obstáculo. Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), ha advertido sobre un posible «manto de impunidad» tras la reciente desarticulación del equipo especial de fiscales que venía investigando las muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
La decisión de eliminar el equipo especial de fiscales y devolver los expedientes a las fiscalías de derechos humanos de cada región ha sido calificada como una estrategia de dilación. Según Quispe, esto implica que fiscales nuevos y sin la experticia necesaria deberán asumir casos con expedientes que oscilan entre los 100 y 300 tomos. Este cambio ocurre en una etapa crucial, justo cuando muchas investigaciones preparatorias estaban culminando y se esperaba la emisión de dictámenes acusatorios. Se estima que este movimiento administrativo provocará un retraso de al menos un año en el proceso judicial.
A pesar de la falta de colaboración de la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, las investigaciones han avanzado lo suficiente como para señalar responsabilidades directas. Quispe afirma que existen pruebas materiales que vinculan a la cadena de mando, incluyendo al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el caso de Ayacucho y a la Comandancia General de la Policía en Puno y Cusco.
En el caso específico de Ayacucho, donde fallecieron 10 manifestantes cerca del aeropuerto Alfredo Mendívil, se ha determinado que los responsables fueron miembros del Ejército Peruano, quienes utilizaron fusiles de guerra contra la población. Tanto el Ministerio del Interior como el de Defensa han sido considerados terceros civiles responsables para el eventual pago de reparaciones.
El informe legal también subraya la constante revictimización y estigmatización de los fallecidos. En Juliaca, donde se registró una masacre de 18 peruanos, se ha demostrado que las víctimas —incluyendo menores de edad— eran inocentes y no tenían vínculos con el terrorismo ni antecedentes delictivos.
Un punto de quiebre en la narrativa oficial ha sido el caso del policía Luis Sonco Quispe. Aunque sectores del Gobierno y el Congreso culparon a los manifestantes de haberlo quemado vivo, una sentencia judicial determinó que el responsable del crimen fue Rousbelt Apasa Uturuncu, un exmiembro de la policía.
Con un saldo de aproximadamente 50 muertes directas durante el actual gobierno, la defensa de las víctimas teme que el cambio de fiscales derive en el archivamiento de los casos. La situación actual es descrita como un escenario de inestabilidad que atenta contra el derecho a la verdad de los familiares, quienes siguen esperando que el Estado cumpla con su deber de investigar y condenar a los responsables de estas masacres.
