Hoy se concretó finalmente el retiro de las tranqueras instaladas por la empresa minera Southern Perú en un tramo de la carretera Binacional, en la región Moquegua, permitiendo restablecer el libre tránsito hacia el campamento de Cuajone.
La vía no solo conduce al asentamiento donde se ubican viviendas, un hospital y espacios públicos, sino que además conecta a diversas localidades y comunidades campesinas que por años vieron restringido su desplazamiento.
La medida se ejecutó en cumplimiento de una resolución judicial emitida tras una demanda de hábeas corpus presentada hace aproximadamente tres años por la ciudadana Elizabeth Reina Taboada.
De acuerdo con el abogado moqueguano Jorge Paredes, el fallo declaró fundada la demanda y ordenó el cese de cualquier acto que vulnere la libertad de tránsito, disposición que alcanza a la empresa Southern Perú Copper Corporation. En ese marco, durante la jornada de hoy, un juez se constituyó en la zona para verificar el cumplimiento de lo ordenado.
Por décadas, las tranqueras impidieron el paso libre de ciudadanos que se dirigían a poblados como Tala, Titijones y otras comunidades campesinas del sector, quienes debían solicitar autorización previa a la empresa minera, incluso cuando su destino no era el campamento ni el centro de operaciones.
Esta situación generó reiterados reclamos de la población y la presencia constante de efectivos policiales para resguardar la zona, donde también operaba personal de vigilancia privada contratada por la empresa.
Tras el retiro de las estructuras, numerosos ciudadanos comenzaron a transitar libremente por la vía, hecho que fue registrado y difundido en redes sociales como un acontecimiento histórico, luego de casi cinco décadas de restricciones. Asimismo, se confirmó que en el otro extremo de la carretera Binacional, que conecta con sectores como Huaytire y Quebrada Honda, también fueron retiradas las tranqueras que limitaban el paso.
Cabe precisar que la resolución judicial no alcanza a las áreas estrictamente privadas de Southern Perú, como la zona de concentradora y el núcleo de sus operaciones mineras, cuyo acceso continúa restringido. Sin embargo, el fallo constituye un precedente relevante en la defensa del derecho constitucional al libre tránsito en una vía pública que, durante años, fue motivo de conflicto entre la empresa minera y la población de la zona.
