Tacna. – La Contraloría General de la República – CGR identificó un perjuicio económico de S/ 440 mil 264 debido a que funcionarios del Proyecto Especial Tacna (PET) modificaron la modalidad de ejecución de la obra de mejoramiento del servicio de agua destinado al Comité de Regantes Calacala; sin contar con la capacidad operativa, ni el equipo mecánico necesario. El acuerdo generó paralizaciones y graves deficiencias constructivas.
Como se conoce, el proyecto comprendía la ejecución de la represa Turunturun para almacenar 1.54 millones de metros cúbicos de agua y la construcción de un canal 4.50 kilómetros, ubicados en la provincia andina de Candarave.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento n°007-2025-2-3413-AC, determinó responsabilidad civil y administrativa en nueve servidores de las gerencias de Estudios, Infraestructura, Recursos Humanos y Logística, quienes gestionaron el cambio de la modalidad de «administración directa» bajo la premisa de contar con los recursos necesarios. Empero, durante la ejecución de la obra, el PET ratificó que carecía del personal calificado y la maquinaria requerida para ejecutar ese proyecto de alta complejidad.
La falta de soporte técnico y administrativo ocasionaron el desabastecimiento de materiales, retrasos en la contratación de bienes y la eventual paralización de los trabajos. Ante ese panorama, el PET dispuso la intervención de la obra y que el proyecto se ejecute como inicialmente se admitió, bajo la modalidad de “contrata” para ejecutar el saldo pendiente, proceso que elevó los costos proyectados e incremento la carga administrativa.
Paralelamente, se detectaron irregularidades en campo: residentes e inspectores ejecutaron partidas de desbroce y limpieza, incumpliendo el expediente técnico, autorizando mayores metrados sin sustento y omitieron los estándares de control de calidad en los trabajos de concreto.
El perjuicio determinado por la Contraloría trasciende lo económico, ya que la demora injustificada en la ejecución de la represa Turunturun y la construcción del canal, vulnera el derecho de los regantes de Calacala en disponer oportunamente de una infraestructura hídrica que contribuya a mejorar la producción agrícola de la zona.
