Informe de control revela que dos subgerentes no cumplen con los perfiles mínimos de experiencia y formación académica, poniendo en riesgo la legalidad de los actos administrativos de la entidad.
La Contraloría, en reciente Informe N° 003-2026-OCI/5352-AOP , ha puesto al descubierto que servidoras no acreditaron cumplir con los requisitos mínimos exigidos por la normativa interna y la Ley N° 31419, lo que genera un riesgo de nulidad en los actos administrativos que ambas hayan emitido.
El primer caso involucra a Dajayra Fernanda Gil Loza, designada como Subgerente de Promoción a la Inversión Privada. La Contraloría detectó que, al momento de su designación el 31 de diciembre de 2024, la funcionaria no se encontraba habilitada por el Colegio de Economistas de Tacna, requisito indispensable para el ejercicio del cargo.
Además, el informe señala que Gil Loza solo acreditó 1 año y 3 días de experiencia específica en cargos directivos en el sector público, cuando el Manual Clasificador de Cargos (MCC) de la entidad exige un mínimo de 3 años.
La situación se agrava en la Subgerencia de Promoción y Gestión del Desarrollo Humano, cargo ocupado por Pamela Thiari Helfer Valcárcel. El ente de control determinó que su título profesional de Licenciada en Ciencias de la Comunicación no tiene afinidad con las funciones sustantivas del cargo, las cuales se orientan a la gestión de desarrollo humano, políticas públicas y resolución de conflictos laborales. Así también, Helfer Valcarcel solo cuenta con 3 meses y 22 días de experiencia en cargos directivos o de nivel jerárquico similar en el sector público, una cifra ínfima frente a los 3 años requeridos por el manual de la institución.
La Contraloría advierte que estas designaciones contravienen la Ley Marco del Empleo Público (Ley N° 28175), la cual establece que la inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general y puede invalidar de pleno derecho los actos administrativos de los funcionarios implicados.
Ante estos hechos, el OCI ha notificado formalmente al Gobernador Regional, Luis Ramón Torres Robledo, para que adopte las acciones correctivas inmediatas y disponga el deslinde de responsabilidades que corresponda. La entidad regional dispone ahora de un plazo para presentar un plan de acción que resuelva estas observaciones que afectan el principio de legalidad en la administración pública.
