Representantes de la empresa Road Solution and Logistics SAC denunciaron que el Consorcio Educativo Tacna, liderado por la empresa Soil & Geotecnia Ingenieros EIRL, ha dejado una estela de impagos a proveedores locales y deudas coactivas con la SUNAT, mientras el Gobierno Regional de Tacna se apresta a desembolsar más de 10 millones de soles tras perder un arbitraje.
Lizandro Nieves y Héctor Zapata, representantes de la empresa subcontratista Road Solution and Logistics SAC, denunciaron públicamente que la construcción del Colegio Auza Arce atraviesa una crítica situación financiera y legal. Esta obra está valorizada en aproximadamente 45 millones de soles. Según los denunciantes, el Consorcio Educativo Tacna, encargado de la ejecución, habría «metido cabeza» a diversos proveedores locales tras sufrir el embargo de sus cuentas por parte de la SUNAT debido a malos manejos contables.
Según los denunciantes, Road Solution and Logistics SAC, encargada de la ejecución de las losas deportivas del proyecto, reclama una deuda que, sumada a daños y perjuicios reconocidos en arbitrajes de emergencia, supera los 900,000 soles. «A nosotros nos han quebrado; debemos más de 300,000 soles en la calle y hasta han pegado carteles de embargo en mi propia casa», manifestó Nieves, quien señaló que existen otros proveedores afectados, incluyendo algunos que han perdido camiones o viviendas debido al incumplimiento de pagos del consorcio.
La crisis se agudizó en abril de 2024, cuando la SUNAT trabó un embargo sobre las cuentas del consorcio por un monto que superaría los 6 millones de soles. A pesar de que el Gobierno Regional de Tacna cumplió con los pagos de valorizaciones en su momento, el dinero fue retenido por el ente recaudador, dejando sin liquidez a los subcontratistas y obreros.
La controversia escala ahora al ámbito administrativo regional. Se reveló que el Gobierno Regional de Tacna (GORE) perdió un arbitraje frente al consorcio, lo que lo obliga a pagar una suma estimada de 6 millones de soles. Si a esto se le suma el fondo de garantía de fiel cumplimiento que retiene la región (aprox. 4.5 millones), el consorcio tendría por cobrar cerca de 10.5 millones de soles.
Ante este escenario, los proveedores exigen al gobernador Luis Torres Robledo y al gerente general, Jaime Carpio, que prioricen el pago a las empresas locales antes que al consorcio o a la propia SUNAT. Los denunciantes sostienen que, por ley y según las bases del contrato, el GORE debe exigir cartas de «no adeudo» a proveedores y trabajadores antes de liquidar cualquier pago a favor del contratista.
Cuestionan nuevos contratos en Gregorio Albarracín
A pesar de los cuestionamientos por la obra abandonada del Colegio Auza Arce —que ahora sería culminada por administración directa—, la empresa principal del consorcio, Soil y Geotecnia Ingenieros EIRL, continúa operando bajo otros nombres o consorcios. Se denunció que esta misma empresa, como parte del «Consorcio Kabul», se ha adjudicado recientemente un proyecto de 10 millones de soles en el distrito de Gregorio Albarracín para el mejoramiento de un servicio educativo.
«Es un deber moral advertir a la comunidad cómo trabajan estas empresas que quiebran a proveedores y luego obtienen más contratos con el Estado», enfatizó Nieves durante la entrevista. Por su parte, el Ministerio Público ya tendría conocimiento de estas irregularidades a través de denuncias por presunto incumplimiento de funciones y colusión contra los responsables y entidades involucradas.
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