Exasesor del bloque magisterial sostiene que el incremento a S/ 3,500 es viable con voluntad política y una adecuada priorización del gasto público.
Tras la aprobación por insistencia en el Congreso de la República del Perú de la ley que nivela las pensiones de los maestros cesantes con la primera escala magisterial, el abogado y exasesor parlamentario César Málaga defendió la medida, calificándola como un acto de justicia social para miles de docentes jubilados en el país.
Según explicó, la norma no constituye una simple declaración, sino una herramienta legal que obliga al Estado a corregir años de estancamiento en las pensiones del magisterio.
Málaga destacó que el eje central de la ley es vincular la pensión mínima al sueldo de un maestro activo en la primera escala magisterial, actualmente fijado en S/ 3,500. Este mecanismo busca recuperar el principio de la antigua “cédula viva” del régimen 2530, que permitía que los incrementos salariales de los docentes en actividad se reflejaran automáticamente en los jubilados.
“El objetivo es que ningún profesor jubilado, ya sea de la Ley 19990, de la 2530 o incluso de las AFP, gane menos de la base establecida para el personal activo”, precisó.
En ese sentido, señaló que actualmente existen pensiones que oscilan entre S/ 300 y S/ 400 en el sistema privado, y alrededor de S/ 800 en el régimen público, montos que consideró insuficientes para cubrir necesidades básicas.
Frente a las críticas sobre la falta de sustento financiero, el especialista afirmó que el problema no radica en la ausencia de recursos, sino en la falta de decisión política para priorizar el gasto social.
“Sí hay presupuesto, lo que hay que hacer es priorizar y ordenar”, sostuvo, cuestionando que se destinen recursos a otros sectores mientras se postergan demandas históricas del magisterio.
Asimismo, indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú tendrá plazo hasta el 30 de agosto para definir los mecanismos presupuestales que permitan la implementación de la norma.
Aplicación progresiva hacia 2027
Málaga aclaró que la ejecución plena de la ley está prevista para el presupuesto del año 2027, en línea con criterios establecidos por el Tribunal Constitucional que permiten programar gastos en ejercicios fiscales futuros. Uno de los principales retos será la incorporación de los jubilados del sistema AFP, cuya regulación deberá ser definida por el Ejecutivo a través de la reglamentación correspondiente.
