Lima. La reciente detención de José Samamé Blaz, gerente de actos electorales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ha generado una fuerte controversia política y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso electoral.
El funcionario enfrenta acusaciones por presuntos delitos de omisión de funciones, colusión y rehusamiento de actos electorales. Para el excongresista y analista político Víctor Andrés García Belaúnde, se trata de un caso de extrema gravedad que impacta directamente en la institucionalidad democrática del país.
García Belaúnde advirtió que, más allá del número de votos que pudieran estar comprometidos, el mayor daño es la pérdida de confianza ciudadana. “Se ha puesto en duda la estabilidad y la transparencia de la democracia peruana”, señaló, al considerar que cualquier afectación a la voluntad popular constituye una falta grave.
En ese contexto, sostuvo que la responsabilidad no se limita al gerente detenido, sino que también alcanza al jefe del organismo electoral, Piero Corbetto. El exparlamentario cuestionó que se pretenda atribuir la situación únicamente a terceros, como empresas de transporte, cuando —según indicó— en la ONPE las decisiones recaen directamente en su máxima autoridad.
Asimismo, puso bajo la lupa la gestión de contratos por aproximadamente 36 millones de soles, señalando que la entidad habría contratado a empresas previamente sancionadas por la propia institución. Esta práctica, que calificó como “sanciona y perdona”, genera serias dudas sobre el manejo de recursos públicos.
Finalmente, ante el avance de las investigaciones fiscales, el analista consideró necesario esclarecer las responsabilidades y determinar cómo se gestionó la logística electoral en un proceso que hoy se encuentra bajo cuestionamiento.
