El exfiscal y abogado penalista calificó de «delicada» la detención de José Samamé Blas y cuestionó la contratación de una empresa de transportes con antecedentes de sanciones.
La crisis desatada en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras las irregularidades en la entrega de actas ha generado una respuesta inmediata del Ministerio Público. En entrevista, Hans Ríos, abogado penalista y exfiscal, analizó las implicancias legales de la detención de José Samamé Blas, exgerente de actos electorales, subrayando que este hecho marca un hito negativo en la historia democrática del país.
Para el exfiscal, la investigación no debe cerrarse únicamente en Samamé Blas. «La fiscalía debería colocar [la investigación] en contra de los que resulten responsables… lo cual inclusive pudiera estar llegando al jefe de la ONPE», sostuvo, argumentando que en los delitos de colusión suelen intervenir múltiples factores y personas.
Ríos explicó que la detención de Samamé Blas se habría producido bajo la figura de flagrancia, lo que permite una custodia de 48 horas para realizar diligencias urgentes. Los cargos —colusión, omisión de funciones y rehusamiento de actos electorales— responden al retraso crítico en la llegada de material electoral a diversos locales y ciudades en el extranjero.
Sobre el delito de omisión de funciones, el especialista precisó que es de naturaleza omisiva: «El funcionario público omite hacer alguna actividad en contra de algún solicitante». Sin embargo, advirtió que aún es prematuro confirmar la comisión de este delito sin acreditar si el funcionario, teniendo las actas, decidió no ponerlas a disposición oportunamente
Uno de los puntos más críticos señalados por Ríos es la relación entre la ONPE y la empresa Transportes Gálaga. Según se reveló, esta compañía ya había sido sancionada por la propia ONPE en el año 2020 por incumplimientos contractuales.
«No tiene sentido que la ONPE siga contratando a una empresa con esos antecedentes para una actividad tan importante», afirmó Ríos
Para el jurista, el hecho de que la empresa solicitara 400 camiones recién el 5 de abril, cuando debía acreditar propiedad previa de al menos 40 unidades, constituye un «indicio fuerte» de irregularidades. Ríos sugirió que, de comprobarse un direccionamiento en el contrato, se estaría ante un caso de colusión o negociación incompatible.
Finalmente, Ríos contrastó la situación actual con procesos anteriores, recordando que tradicionalmente el Ejército se encargaba del reparto de las cédulas de votación sin presentar este tipo de incidentes. «Ahora que se ha contratado una empresa particular con sanciones e irregularidades, ciertamente deja mucho que desear», concluyó, sugiriendo que la continuidad de la actual jefatura de la ONPE para una segunda vuelta resulta difícil de sostener.
