Tras la muerte de un niño de 8 al ser arrollado por una motoniveladora del Gobierno Regional de Tacna (GRT), Eduardo Sánchez Vildoso, gerente de Infraestructura del GRT, alegó que la intervención de la maquinaria en el Promuvi Señor de los Milagros obedeció a un «apoyo social». A la vez, aseguró que la institución brindará soporte integral a la familia del menor fallecido.
Dirigencia en la zona de la tragedia informó a Radio Uno que, la maquinaria pesada realizaba labores de nivelación a pedido de la ruta 101 mismos que no fueron informados a la población, pese a ser el sector objeto de obras de instalación de agua y desagüe. Al respecto. el funcionario regional Sánchez Vildoso, brindó explicaciones sobre la presencia del vehículo en una zona fuera del cronograma oficial de obras regional.
“Pondremos a disposición todo el apoyo para esclarecer los hechos y detalles técnicos que pudieran estar ahí”, afirmó al mismo tiempo de indicar que la intervención se dio a solicitud de la empresa de transportes Ruta 101 y dirigentes del sector.
El funcionario explicó que la empresa de transportes había buscado respaldo en otras instituciones durante más de un año para el mantenimiento de las vías, sin éxito. Ante el alza de combustibles, el GRT accedió a prestar la maquinaria para evitar que la empresa incrementara el precio de los pasajes a la población. Bajo este acuerdo, el GRT facilitaba la motoniveladora, mientras que los beneficiarios asumían los costos de operación, alimentación de los operarios y el apoyo de cisternas de agua.
A pesar de ser el gerente de Infraestructura, Sánchez aclaró que esta labor no formaba parte de una «actividad periódica de mantenimiento» ni de un plan oficial de su gerencia, sino que él actuaba como vocero del GRT.
“Hay diferentes instancias que seguramente tendrán que hacer su deslinde”, admitió, reconociendo que en este tipo de trabajos existen protocolos y medidas de seguridad que deben verificarse, como la señalización o el manejo de puntos ciegos en la maquinaria.
Finalmente, reiteró que la prioridad institucional es atender a la familia afectada y permitir que las investigaciones fiscales determinen si hubo omisiones en los protocolos de seguridad durante las maniobras.
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