La Corte Superior de Justicia de Puno ha dictaminado 36 meses de prisión preventiva para seis integrantes de la presunta red criminal denominada «Los Mandachitos de la Corrupción», que – según el Ministerio Público- operaba dentro de la Municipalidad Provincial de Puno anulando papeletas de tránsito a cambio de sobornos.
El grupo que enfrentará la prisión preventiva está compuesto por cuatro exfuncionarios municipales, un tramitador externo y un miembro de la Policía Nacional del Perú. Según las investigaciones lideradas por el Ministerio Público y el sistema de inteligencia policial, esta red captaba a conductores sancionados con infracciones graves —incluyendo conducción en estado de ebriedad y accidentes— para limpiar sus registros mediante pagos ilícitos.
Hugo Supo, periodista en la región del altiplano, indicó que este es uno de los casos que «genera antecedentes de mayor corrupción en la provincia de Puno», siendo declarado complejo debido a que se estima que al menos 20 personas se habrían beneficiado de estas operaciones fraudulentas. Los implicados podrían enfrentar penas de más de 15 años de prisión efectiva.
La investigación alcanza los niveles más altos de la gestión municipal. El alcalde provincial, Javier Ponce Roque, ha sido señalado como parte de este esquema. Según testimonios de colaboradores y testigos con clave de la fiscalía, se calcula que la autoridad edil recibía aproximadamente 40,000 soles mensuales (unos 10,000 soles por semana) producto de estos cobros ilegales
Aunque en una primera instancia no se ordenó el allanamiento de su vivienda por falta de pruebas directas, el avance de las pesquisas y nuevos testimonios han complicado su situación. Se espera que la próxima semana se realice una audiencia de prisión preventiva contra el alcalde Ponce Roque y otros funcionarios de primer orden, como el exgerente de transportes, Dani Guerra.
La denominación de la banda, «Los Mandachitos», proviene de un grupo de danza de morenada impulsado por el propio alcalde y conformado por trabajadores municipales y sus familiares. Las sospechas del Ministerio Público sugieren que la red de corrupción no solo operaba para beneficio personal de sus miembros, sino que también servía para financiar las actividades de este conjunto folclórico.
Un testigo con código de reserva ha sido fundamental para identificar a los involucrados, revelando nombres de funcionarios y efectivos policiales que facilitaban la anulación de licencias y papeletas. A pesar de que el alcalde ha negado las acusaciones, la contundencia de las pruebas presentadas por la fiscalía ha permitido que el Poder Judicial valide la gravedad del caso y la necesidad de la medida privativa de la libertad para el primer grupo de implicados.
