Representante de Derechos Humanos advierte que cambios legislativos buscarían blindar a fuerzas del orden ante eventuales protestas tras la segunda vuelta electoral
Lima. El representante de la Coordinadora de Derechos Humanos, Miguel Jugo, advirtió la existencia de un supuesto “pacto de impunidad” en el Congreso de la República, tras la aprobación de modificaciones al Código Penal y al Código Penal Militar Policial.
Jugo sostuvo que el objetivo real de estas normas sería proteger a las fuerzas del orden frente a posibles denuncias por violaciones de derechos humanos en el marco de protestas sociales. “Quieren decirle a la policía: aquí tienes una norma para que vayas y mates”, declaró, al advertir que se estaría promoviendo una lógica de “gatillo fácil”. Asimismo, vinculó estas iniciativas con la gestión del congresista Fernando Rospigliosi, a quien acusó de impulsar una agenda de blindaje policial.
El activista relacionó la discusión legislativa con la incertidumbre política tras la segunda vuelta electoral, señalando que sectores de poder anticipan posibles protestas ciudadanas ante cuestionamientos al proceso. En ese contexto, afirmó que estas normas funcionarían como respaldo legal para una eventual represión de manifestaciones. También cuestionó el rol de la encuestadora Ipsos y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), al considerar que ciertas decisiones y proyecciones habrían generado desconfianza en la población.
Jugo criticó además el trato desigual a las movilizaciones sociales, señalando a la Municipalidad de Lima por permitir diferentes niveles de control según el tipo de manifestación. “No puede haber espacios donde la ley no sea igual para todos”, expresó.
Finalmente, exhortó al Ejecutivo a no promulgar las reformas, advirtiendo que estas consolidarían un modelo de represión contra la protesta social. “La protesta pacífica es un derecho que debe respetarse”, concluyó.
