Juez encontró graves elementos de convicción en investigación por la muerte de jóvenes que regresaban de una actividad deportiva. Fiscalía busca ampliar medida a 18 meses.
El Poder Judicial ordenó 12 meses de prisión preventiva contra ocho integrantes de una patrulla militar del Comando Pachacútec N.° 31, investigados por la muerte de un grupo de jóvenes ocurrida en la localidad de Colcabamba. La medida fue dictada por el juez José Matos Centeno.
En conversación con Radio Uno, el abogado Anthony Crespo, representante legal de las víctimas, calificó la medida como proporcional ante la gravedad de las evidencias. Según el abogado, el caso de los jóvenes acribillados tras un partido de la Copa Perú cuenta con «elementos fuertes y graves» que acreditan una violación a los derechos humanos desde el inicio de las investigaciones.
Para la defensa de las víctimas, la tesis del «fuego cruzado» sostenida inicialmente por los militares ha quedado totalmente desvirtuada por el trabajo de los especialistas. «Los peritos especializados han llegado a la conclusión de que acá se descarta por completo un fuego cruzado«, enfatizó Crespo, detallando que el vehículo intervenido no presenta ningún impacto de bala de adentro hacia afuera, sino que todos los orificios de entrada provienen del exterior de la cabina.
Además, el abogado resaltó la brutalidad del ataque, señalando que se efectuaron más de 90 disparos con fusiles de fabricación belga. «No hay un solo cuerpo que no tenga orificios de entrada y salida; un solo cuerpo registró casi 50 impactos de bala», reveló Crespo, añadiendo que la mayoría de los disparos se concentraron en la cabeza y el tórax, lo que demuestra una clara intención de «silenciar y aniquilar» a los jóvenes.
Crespo también destacó la firmeza del juez José Matos Centeno, quien rechazó los intentos de la defensa militar para que el proceso fuera virtual o reservado. Según el letrado, los abogados de los uniformados intentaron evitar la transmisión por Justicia TV alegando seguridad nacional con documentos que carecían de respaldo oficial del Ejército o la Dirandro.
«El juez ha resuelto de acuerdo a ley… se nota que es un juez autónomo que ha tomado la decisión correcta», manifestó.
Ante la reciente aprobación en el Congreso de una ley que busca trasladar delitos de función al fuero militar, el abogado Crespo expresó su firme rechazo a que este caso abandone la justicia ordinaria. Invocando la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el abogado sostuvo que las vulneraciones graves a los derechos humanos deben ser juzgadas siempre por tribunales civiles para garantizar la imparcialidad.
«Retroceder 25 o 30 años nos haría mucho daño como país», advirtió Crespo, reafirmando que no detendrá su labor hasta lograr una sentencia condenatoria. «Esto no es venganza, es un tema de justicia para que estas barbaridades no se vuelvan a repetir», concluyó el especialista.
Mencionar, que la Fiscalía ha apelado la resolución del juez Matos, solicitando que el periodo de prisión preventiva se amplíe a 18 meses debido a la complejidad de la investigación y el número de procesados.
