El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, cuestionó la ley aprobada en segunda votación por el Congreso de la República que dispone que militares y policías investigados por determinados delitos sean procesados en la justicia militar. El jurista calificó la norma como una “barbarie jurídica” y advirtió que podría favorecer escenarios de impunidad.
Sostuvo que la iniciativa contraviene la Constitución, así como criterios establecidos por organismos nacionales e internacionales respecto a la competencia de la justicia militar. El representante del IDL afirmó que la norma sería incompatible con pronunciamientos previos del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales han delimitado los alcances de los denominados delitos de función y los delitos comunes.
Según indicó, entidades como el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo también habían expresado observaciones al proyecto durante su debate legislativo.
Para el abogado, la aprobación de la ley podría permitir que casos vinculados a presuntas violaciones de derechos humanos sean derivados a la jurisdicción militar, situación que, a su juicio, afectaría las garantías de imparcialidad en las investigaciones.
Quispe manifestó además su preocupación por los alcances de la norma, señalando que tendría efectos sobre procesos que actualmente se encuentran en investigación, juicio oral o incluso cuentan con sentencias en primera instancia.
En ese contexto, sostuvo que podrían generarse conflictos de competencia entre la justicia ordinaria y la militar, lo que ocasionaría retrasos y controversias en diversos procesos judiciales.
El abogado señaló que entre los procesos que eventualmente podrían verse involucrados en controversias por competencia figuran investigaciones relacionadas con protestas sociales y otros casos de alta relevancia pública. Asimismo, expresó reparos sobre modificaciones vinculadas al tratamiento del delito de lesa humanidad dentro de la legislación nacional, al considerar que podrían abrir debates sobre la aplicación temporal de este tipo de figuras penales.
Finalmente, cuestionó la decisión adoptada por el Parlamento y sostuvo que la norma desconoce estándares establecidos en tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Perú.
