Miguel Jugo, secretario adjunto de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), denunció que las recientes reformas legislativas pretenden blindar a militares y policías, emulando las leyes de amnistía del fujimorismo de los años 90.
El Pleno del Congreso aprobó el martes 23 —por iniciativa del legislador Fernando Rospigliosi— en segunda votación la ley para “precisar el delito de función, fortalecer la función militar policial y establecer sanciones a militares y policías que participen en organizaciones criminales”.
Dicha norma incluye —según la CNDDHH— una disposición que garantizará impunidad a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Y es que, el texto aprobado amplía la definición de un delito de “función” en lo que respecta a policías y militares. El objetivo es que, al tratarse de un delito de “función”, la competencia para procesar y juzgar ya no sea del Poder Judicial, sino del Fuero Militar Policial.
Miguel Jugo calificó la situación actual del Parlamento como un «pleno pro impunidad», señalando que las leyes impulsadas por el congresista Fernando Rospigliosi representan un grave retroceso democrático de tres décadas. Según Jugo, estas normas envían un mensaje peligroso a las fuerzas del orden: «hagas lo que hagas, no te va a pasar nada».
Advirtió que esto busca sustraer de la justicia civil casos de delitos comunes como homicidios, torturas y secuestros, citando como ejemplo, el actual caso de Colcabamba.
«En el fuero común se sancionan delitos comunes. Lo que se pretende ahora es que, ante cualquier abuso policial, incluso en eventos de tránsito, el juez civil pierda competencia en favor del fuero militar, donde históricamente ‘otorongo no come otorongo'», enfatizó el representante de la CNDDHH.
Respecto a la ley que incorpora los crímenes de lesa humanidad al Código Penal, aprobada en primera votación, Jugo señaló la existencia de una «trampa» jurídica. La norma exigiría demostrar que el ataque fue contra un grupo humano específico con intención de exterminarlo, una interpretación restrictiva que dejaría fuera casos emblemáticos como el de La Cantuta.
Además, se busca favorecer la prescripción de estos delitos, lo que permitiría que responsables de violaciones a los derechos humanos del pasado y del presente evadan la justicia.
El secretario de la CNDDHH también alertó sobre la creciente presión hacia jueces y fiscales. Mencionó que la presidencia de la Corte Suprema ha tenido que emitir un comunicado exigiendo independencia frente a los intentos del Congreso por influir en sus decisiones.
«Hay una acción contra los jueces para obligarlos a aceptar estas leyes inconstitucionales. Aquel que no lo haga puede terminar destituido por la Junta Nacional de Justicia», advirtió Jugo, vinculando estas acciones con la agenda política de Keiko Fujimori de cara a un próximo gobierno.
Ahora, la cuestionada autógrafa de la ley será remitida a la Presidencia de la República para su promulgación u observación en un plazo de 15 días hábiles.
