Tacna. – La Contraloría General de la República (CGR) reveló irregularidades en el pago de trabajos no concluidos y deficiencias en el cálculo de los reajustes de precios que generaron un perjuicio económico de S/ 1 753 018 en el proyecto de mejoramiento de la Institución Educativa Marcelino Champagnat, ejecutado por el Gobierno Regional de Tacna (GRT).
En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.°033-2026-2-5352-AC , cuyo periodo de evaluación comprendió del 6 de enero de 2020 al 21 de octubre de 2022, se señala que la mayor parte del perjuicio (S/ 1 632 016) se originó al otorgarse la conformidad y el pago de las valorizaciones número 12, 14 y 16, además de validarse la comunicación de culminación de la obra.
Los auditores determinaron que los funcionarios del GRT aprobaron estos trámites a pesar de que existía un incumplimiento injustificado en la instalación de la conexión eléctrica exterior debido a que el contratista no colocó el transformador combinado de tensión (trafomix), el medidor trifásico y la caja portamedidor que debían ser validados por la concesionaria Electrosur S.A. Esta omisión impidió que el GRT aplique las penalidades correspondientes al consorcio ejecutor por el retraso y entrega incompleta, sin salvaguardar los intereses de los fondos públicos.
Asimismo, la comisión auditora detectó un perjuicio adicional de S/ 121 002 durante la etapa de liquidación del contrato debido a inconsistencias de cálculo en el reajuste de precios correspondiente al Adicional de Obra n.°04, el cual estaba destinado a la adquisición de 168 computadoras portátiles (laptops) para el equipamiento tecnológico para los estudiantes.
A estas observaciones se suman las deficiencias en la elaboración del expediente técnico que proyectó la infraestructura pedagógica y complementaria en un área de terreno de 9740 m2, menor a la prevista, lo cual impidió la construcción de un coliseo y una cancha de fútbol. Sumado a ello, se diseñó y elaboró mobiliario escolar (mesas y sillas) con alturas ergonómicamente incompatibles para la edad de los escolares.
El informe de auditoría de cumplimiento fue remitido a la Procuraduría Pública de la Contraloría General y al Órgano Instructor de la Entidad Fiscalizadora Superior para el inicio de las acciones civiles en contra de los cuatro funcionarios identificados como presuntos responsables de los hechos.
