El economista Jaime Soto Rojas sostuvo que la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) tendría como principal objetivo transmitir estabilidad y confianza a los sectores económicos y financieros del país.
El especialista señaló que la permanencia de Velarde, quien dirige el BCR desde 2006, representa una señal de tranquilidad para los agentes económicos, debido al papel que desempeña la institución en la conducción de la política monetaria y la estabilidad financiera.
Soto afirmó que tanto la presidencia del BCR como el Ministerio de Economía y Finanzas son cargos estratégicos para el manejo de la economía nacional, por lo que, a su juicio, los grupos económicos buscan que estas funciones sean ocupadas por profesionales con experiencia y continuidad en el manejo técnico.
El economista recordó que el principal mandato constitucional del BCR es preservar la estabilidad monetaria y mantener la inflación dentro del rango establecido. Sin embargo, advirtió que el país enfrenta desafíos como el incremento del déficit fiscal, que —según indicó— supera actualmente el 3,6 %, situación que, afirmó, requiere una administración prudente de las finanzas públicas.
Asimismo, destacó la importancia de las funciones que desempeña el BCR en la regulación del tipo de cambio, la política de tasas de interés y la administración de las Reservas Internacionales Netas (RIN), herramientas que contribuyen a preservar la estabilidad económica.
Durante la entrevista también hizo referencia a la necesidad de evitar la emisión inorgánica de dinero, señalando que una política de ese tipo podría generar graves efectos inflacionarios, como ocurrió durante la crisis económica registrada en el país a finales de la década de 1980.
En otro momento, Soto se pronunció sobre la situación presupuestal de los organismos electorales de cara a los comicios previstos para el 4 de octubre. Indicó que las dificultades financieras reportadas por entidades como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) responden, en su opinión, a problemas en la asignación y redistribución de los recursos públicos.
El especialista consideró que el Ejecutivo debería adoptar mecanismos que permitan atender con mayor rapidez los requerimientos presupuestales de estos organismos para garantizar el normal desarrollo del proceso electoral.
