En reciente conferencia de prensa celebrada en la «cochera del León», el equipo técnico-legal de los comerciantes del Mercado Grau, denunció irregularidades y vicios de nulidad en el proceso de aprobación de mercado en el terreno Fundo Chololo, por ello anunciaron medidas legales contra el gobernador regional Luis Torres, el alcalde provincial Pascual Güisa y otros.
El abogado Hugo Huariza, señaló que el Gobierno Regional de Tacna habría forzado figuras legales para favorecer a un grupo minoritario, ignorando el vencimiento de los plazos de reversión del predio, amparándose en la Directiva 06-2022 de la SBN para evitar que la disposición del terreno pase por la aprobación del Consejo Regional.
Bajo esta normativa, la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) recibió el predio a título gratuito con la condición de presentar el expediente técnico total en un plazo máximo de dos años para viabilizar su ejecución. El abogado fue enfático al señalar que el plazo para cumplir con esta obligación venció el 7 de junio de 2025.
“Se ha evidenciado que la Municipalidad Provincial ya había incurrido en extemporaneidad”, afirmó detallando que la comuna recién solicitó una ampliación el 18 de septiembre de 2025, dos meses después de haber expirado el tiempo legal.
La denuncia principal recae sobre la Resolución Ejecutiva Regional 115-2026, mediante la cual el Gobierno Regional decidió levantar la carga de reversión del terreno en lugar de recuperar el predio para el Estado. Huariza calificó este acto como una nulidad manifiesta, pues la propia SBN ya había advertido que el plazo de dos años era improrrogable.
«El Gobierno Regional tenía la obligación moral y legal de ejecutar la reversión de dicho predio», sentenció el letrado. Al no hacerlo, advirtió que Tacna se arriesga a tener un «Hospital Unanue 2.0», un proyecto que nacería muerto por observaciones de la Contraloría y que quedaría paralizado por años debido a sus vicios de origen.
Ante este escenario, reiteró que ya se están accionando los mecanismos legales para que la Fiscalía Anticorrupción intervenga. Las denuncias penales se dirigirían contra el gobernador, el alcalde, funcionarios de la SBN y regidores, bajo las presunciones de negociación incompatible por el presunto direccionamiento del proyecto.
Colusión y concertación debido a los viajes y reuniones no protocolares detectadas entre autoridades y el consorcio privado beneficiado; y omisión de actos funcionales por no haber defendido el patrimonio estatal tras el vencimiento de los plazos legales.
«Lo que mal empieza, mal acaba», concluyó el abogado, instando a las autoridades a anular de oficio lo actuado antes de que el Poder Judicial intervenga mediante medidas cautelares que paralizarán cualquier avance en el terreno de 11.8 hectáreas.
Denunciarán a gobernador Torres y alcalde Güisa por caso Fundo Chololo
