Lima. El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, expresó su preocupación por el rumbo que, a su juicio, viene tomando el sistema de justicia peruano y advirtió sobre una presunta reconfiguración política en instituciones como el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional (TC), la cual —según sostuvo— estaría favoreciendo la impunidad y afectando al periodismo de investigación.
Rivera afirmó — en conversación con Radio Uno— que el país vive un “mundo al revés”, al considerar que quienes impulsaron investigaciones sobre presuntos actos de corrupción son ahora objeto de procesos judiciales y cuestionamientos por parte de las propias instituciones encargadas de impartir justicia.
Uno de los temas abordados por el abogado fue la reapertura de una investigación contra el periodista Gustavo Gorriti, decisión adoptada por el fiscal Edward Casaverde. Rivera calificó la medida como “grosera” y sostuvo que esta se sustenta principalmente en el testimonio de un colaborador eficaz, sin que, según su versión, existan otros elementos que lo corroboren.
En ese contexto, manifestó su preocupación por lo que considera un precedente que podría afectar el ejercicio del periodismo de investigación, al advertir que la utilización y difusión de información reservada podría ser interpretada como una conducta delictiva.
Rivera también cuestionó recientes decisiones del Tribunal Constitucional, señalando que la institución estaría excediendo sus competencias al pronunciarse sobre aspectos que, en su opinión, corresponden al ámbito de la justicia penal.
Como ejemplo, mencionó el fallo relacionado con el líder político Vladimir Cerrón, así como otras resoluciones que beneficiaron a personajes vinculados a investigaciones judiciales. Según el abogado, estas decisiones responderían a intereses políticos y no al ejercicio independiente del control constitucional.
Asimismo, el representante del IDL expresó su rechazo a la denominada “Ley Rospigliosi”, iniciativa que plantea que determinados delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sean conocidos por el fuero militar-policial cuando se trate de presuntos delitos de función.
Rivera sostuvo que esta propuesta, junto con otras normas recientemente aprobadas, podría debilitar el sistema de administración de justicia y favorecer escenarios de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos.
Finalmente, indicó que, frente a este escenario, diversas organizaciones evalúan acudir a instancias internacionales, entre ellas la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para solicitar el seguimiento del cumplimiento de los estándares internacionales en materia de justicia y derechos fundamentales en el Perú.
