Nuevas denuncias de violencia sexual contra niñas y adolescentes de los pueblos indígenas Awajún y Wampis han reavivado la preocupación por la situación que atraviesa la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas. Organizaciones indígenas y de derechos humanos alertaron sobre la persistencia de estos hechos y reclamaron una respuesta urgente del Estado para garantizar la protección de la niñez y combatir la impunidad.
Uno de los casos más recientes ocurrió en el centro poblado de Ciro Alegría, donde, según la denuncia presentada por Rosmery Pioc, presidenta de las mujeres de los pueblos Awajún y Wampis, efectivos militares habrían ingresado por la fuerza a la residencia estudiantil de un colegio y realizado presuntos tocamientos indebidos a adolescentes de entre 12 y 14 años.
De acuerdo con la información difundida, el Ejército puso a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional a dos militares presuntamente involucrados, mientras la Fiscalía inició las investigaciones para determinar las responsabilidades correspondientes.
A este hecho se suma el caso de una niña de seis años de la comunidad de Pantamenza, en el distrito de Cenepa, quien permanece internada en estado crítico en el hospital de Bagua tras haber sido presuntamente víctima de agresión sexual.
Según las organizaciones indígenas, el principal sospechoso, identificado como su padrastro, fue retenido inicialmente por la policía comunal; sin embargo, logró escapar durante su traslado hacia las autoridades. El hecho ha generado cuestionamientos sobre las circunstancias de la fuga y demandas para intensificar su búsqueda.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo advirtieron que la violencia sexual contra menores en Condorcanqui constituye un problema estructural. Diversos reportes señalan que existen cientos de denuncias de niñas Awajún víctimas de violencia sexual que aún no han obtenido justicia.
El periodista local (Radio AW Nieva) Israel Manuín atribuyó esta situación al limitado acceso de las comunidades indígenas a los servicios de justicia, indicando que fiscales, psicólogos y otros profesionales permanecen principalmente en las capitales provinciales, dificultando la atención de los casos en las zonas más alejadas.
Las organizaciones indígenas rechazaron cualquier intento de justificar estos hechos como parte de prácticas culturales y enfatizaron que la violencia sexual no forma parte de las tradiciones de los pueblos Awajún y Wampis.
Asimismo, exigieron investigaciones oportunas, sanciones ejemplares para los responsables y el fortalecimiento de la presencia del Estado en las comunidades amazónicas. En un pronunciamiento, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos recordó que las instituciones educativas deben ser espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, e instó a adoptar medidas de prevención y protección que eviten la repetición de estos hechos.
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