La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) expresó su rechazo al Proyecto de Ley N.° 00043/2026-2031-CD, presentado por el diputado Aldo Antonio Bravo Quispe, de Renovación Popular, al considerar que la iniciativa generará restricciones a la libertad de prensa y afectará el ejercicio de la actividad periodística.
La presidenta de la ANP, Zuliana Lainez Otero, cuestionó particularmente la propuesta de incorporar una figura relacionada con la “apología al delito agravado”, bajo la cual la condición de periodista, comunicador o persona con influencia masiva podría convertirse en un agravante penal.
“Instalar un marco legal que vuelve más punitiva y criminaliza la actividad periodística es inaceptable en una democracia”, afirmó Lainez, quien pidió que la iniciativa sea desestimada.
Según la ANP, el proyecto contempla penas privativas de la libertad de entre cuatro y seis años. La propuesta alcanzaría no solo a periodistas de medios tradicionales, sino también a comunicadores, influencers y otras personas con alcance masivo en plataformas digitales.
Lainez sostuvo que la condición profesional o el nivel de influencia de una persona podría ser utilizado como elemento agravante. Además, cuestionó que el propio autor de la iniciativa haya mencionado públicamente a periodistas críticos al explicar los posibles alcances de la norma.
“Nuestra propia condición ya sería un agravante para cometer este delito. Mientras más influencia tengas, el agravante es mayor”, señaló la presidenta de la ANP.
Uno de los principales cuestionamientos del gremio está relacionado con el secreto profesional y la reserva de las fuentes periodísticas. La ANP sostiene que la exposición de motivos del proyecto contempla mecanismos que permitirían revisar equipos portátiles y teléfonos celulares de comunicadores investigados, situación que, según el gremio, podría afectar las garantías constitucionales vinculadas con la libertad de información y la protección de las fuentes.
La asociación también expresó preocupación por el uso de conceptos considerados amplios o sujetos a interpretación, como “justificar” o “alentar”. Según advirtió, estas categorías podrían generar incertidumbre sobre los límites entre la cobertura periodística y una eventual conducta considerada delictiva.
El gremio alertó que el riesgo sería mayor durante conflictos sociales o protestas, debido a que entrevistas a dirigentes, difusión de manifestaciones o cobertura de hechos de violencia podrían ser interpretadas de manera restrictiva y generar un escenario de autocensura entre los periodistas.
Lainez señaló que el gremio evalúa coordinar con instituciones como el Colegio de Abogados de Lima la eventual presentación de una acción de inconstitucionalidad, en caso de que el proyecto sea aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores.
