La Comunidad Campesina de Maure inició un proceso legal para solicitar la nulidad de la inscripción del predio a nombre del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), terreno donde fue construido el penal de Challapalca, considerado de alta peligrosidad para la región Tacna por conllevar el traslado de ranqueados reos, generar alta contaminación para los comuneros de sus alrededores y evidenciar un irregular inicio de funcionamiento.
La acción judicial fue formalizada el 17 de setiembre por Marcial Laura Condori, presidente de la comunidad campesina Maure, ante el 37.° Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, con el acompañamiento legal del Instituto de Defensa Legal (IDL). El proceso busca que se deje sin efecto la inscripción registral realizada a favor del INPE en 2019.
La representación de la comunidad cuestiona el procedimiento mediante el cual el terreno pasó a figurar a nombre del organismo penitenciario y sostiene que la inscripción se habría sustentado en una supuesta acta de donación cuya existencia niegan los comuneros.
Por su parte, el abogado del IDL, Juan Carlos Ruíz Molleda, también cuestiona la aplicación de normas referidas a bienes estatales para sustentar la inscripción del predio, al considerar que estas no son aplicables a terrenos pertenecientes a una comunidad campesina, pues —según explicó— estos territorios cuentan con protección constitucional, de acuerdo con el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, además de criterios establecidos por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La defensa señala que la propiedad comunal tiene carácter imprescriptible y que la relación de las comunidades con sus territorios comprende no solo aspectos patrimoniales, sino también dimensiones históricas, culturales y sociales.
Para sustentar la demanda se elaboró documentación técnica con participación de profesionales que respaldan la posición de la comunidad. Con el inicio del proceso judicial, la comunidad busca por justicia se declare la nulidad de la inscripción del terreno a nombre del INPE y que se reconozca la titularidad comunal sobre el predio donde actualmente funciona el establecimiento penitenciario de Challapalca.
El proceso continuará con la evaluación de la demanda por parte del juzgado y, de corresponder, su traslado al INPE para que ejerza su derecho de defensa. Posteriormente se establecerán los puntos controvertidos y se desarrollarán las demás etapas del proceso judicial. La comunidad también plantea que el Estado participe en una mesa de diálogo para abordar la situación jurídica del territorio.
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