La exministra de Justicia Marisol Pérez Tello cuestionó la gestión de la presidenta Keiko Fujimori ante el avance de la criminalidad en el país y por su acercamiento al mandatario salvadoreño Nayib Bukele, advirtiendo que aplicar su modelo de seguridad en el Perú sería una “barbaridad”, debido a las diferencias entre ambos países.
Así calificó de “superficial” al Gobierno y cuestionó que, en medio de la emergencia por los riesgos asociados al Fenómeno El Niño y la crisis de inseguridad, la mandataria priorizara un viaje a El Salvador para conocer de cerca la estrategia de Bukele.
Para Pérez Tello el presidente «Bukele es un dictador” y como ejemplo mencionó las decisiones de su gobierno sobre el sistema judicial salvadoreño, al considerar que debilitaron su independencia y favorecieron la concentración del poder.
“Es el fujimorismo de los 90: resultados sí, pero pavimentando las calles con la sangre de los peruanos”, afirmó al referirse a la posibilidad de aplicar un modelo de seguridad que, a su juicio, pone en riesgo los derechos fundamentales.
La exministra sostuvo que la estrategia salvadoreña no puede trasladarse directamente al Perú, debido a las diferencias geográficas, territoriales y criminales entre ambos países.
Explicó que El Salvador enfrentó el fenómeno de las pandillas conocidas como maras, mientras que en el Perú la delincuencia presenta otras características, entre ellas las disputas por el control territorial.
“Quien te plantea que tienes que sacrificar tu libertad para darte seguridad ha perdido la razón, porque la razón de ser del Estado es dar seguridad garantizando la libertad”, enfatizó.
La exministra también cuestionó la propuesta de construir megacárceles con capacidad para 20.000 reclusos. Consideró que sería una medida poco realista mientras el Estado mantenga dificultades para administrar establecimientos penitenciarios como Lurigancho y Castro Castro.
Pérez Tello sostuvo que la lucha contra la delincuencia requiere medidas sostenidas y eficaces, así como una estrategia que garantice la seguridad ciudadana sin vulnerar las libertades fundamentales.
