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INICIAN CAMPAÑA EN DEFENSA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS

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 Una campaña nacional de promoción y defensa de las empresas públicas estratégicas del país será lanzada el próximo mes de marzo, a fin de evitar la amenaza de su privatización impulsada por el Poder Ejecutivo a través del Proyecto de Ley Nº1217/2006-PE, según lo dieron a conocer los trabajadores agrupados en el Frente de Defensa de las Empresas Públicas del Perú..

El primer paso en esa dirección fue encomendado al congresista nacionalista Juvenal Ordóñez Salazar, quien presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley Nº1963 denominado "Ley de Promoción y Defensa de la Actividad Empresarial del Estado", como una alternativa a la planteada por el oficialismo.

El Proyecto de Ley Nº 1963 garantiza la estabilidad y eficiencia de las 36 empresas públicas existentes en el Perú, pone un tope del 10 por ciento al accionariado privado dentro de las empresas del Estado, garantiza el trabajo de 100 mil servidores públicos y el mantenimiento de tarifas mínimas a los usuarios de luz eléctrica y agua potable, así como el resguardo del patrimonio del Estado.

Los dirigentes Juan Castillo More, de Petroperú; Adolfo Granadino e Isidro Huamanchumo, de Fentenapu (puertos); Nazario Arellano, de las Empresas Eléctricas; Henry Viera Chapilliquen, de Sutesal (Sedapal) y Javier García, de Site-Corpac (aeropuertos), acompañados de otros 20 dirigentes, llegaron hasta el Congreso de la República para respaldar públicamente el proyecto presentado por Ordóñez, y presentar un documento dirigido al presidente del Legislativo, Luis Gonzales Posada, demandando que se priorice su discusión y aprobación.

Tanto los dirigentes como el parlamentario nacionalista señalaron que la globalización no impide que el Perú pueda contar con empresas públicas competitivas como Petrobrás en Brasil, Codelco en Chile y PDVSA en Venezuela.

Finalmente anotaron que la campaña nacional en defensa de las empresas públicas será lanzada la segunda quincena del mes de marzo, buscando como aliados a los gobiernos regionales y locales, a las centrales nacionales de trabajadores y a los propios usuarios, que se benefician con sus servicios.