El ciudadano Guido Olivera dijo no tener nada que ver en el caso pese a que la propietaria del lugar le otorgara un poder. Olivera alegó que la Beneficencia no reconoció mejoras realizadas a la propiedad cuando esta fue recibida.
Guido Olivera dijo no tener nada que ver en el caso.
La Corte Superior de Justicia de Tacna determinó fijar el 9 de marzo como fecha para el desalojo que permitirá recuperar a la Beneficencia Pública un predio de 5,397 metros cuadrados, ubicado en la prolongación Hipólito Unanue 880. Se trata de un enorme canchón situado entre la distribuidora de la Coca Cola y el Centro de Emergencia Mujer (CEM).
Según el presidente de la institución benéfica, la arrendataria fue la señora María Eugenia Romero Cuba, quien al vencerse el contrato subarrendó el predio al señor Guido Olivera Comesaña otorgándole una carta poder ilegítima, pero que fue aceptada y suscrita en una notaría pública de Tacna, y que además éste no procedió a cancelar la mensualidad correspondiente motivando la diligencia judicial.
Por su parte, Guido Olivera, estuvo en las instalaciones de Radio Uno, indicando que él no tiene nada que ver en el caso y si en caso, el día del desalojo, no estará presente.
Olivera dijo ser el empleado de la arrendataria de quien mencionó que fue prácticamente engañada por la Beneficencia, siendo así reconoció que el poder le fue dado pero éste no tendría validez luego que el renunció.
“Habla de un poder el señor Bartesagui que, la señora me dio a. Este señor no sabe lo que habla no está siendo asesorado y está cayendo en vacío (…) el poder aparece cuando la Beneficencia hace 11 arrendamientos sobre el contrato de la señora. Ocho logran ingresar al bien y le hacen la vida a cuadritos a la señora es ahí que la señora me da el poder a mí, hasta octubre del 2017, yo renuncie” él trabajaba para el servicio Juan Pablo Segundo.
Para Olivera, la Beneficiencia buscó recuperar el predio una vez que éste fue habilitado ya que al ser recibido, era un basural del cual se sacaron 168 bolquetadas de desperdicios. Así también aseguró, que se hizo los pagos correspondientes a la institución, de igual forma los otros arrendatarios ques estuvieron en el lugar.
Por su parte, Bartesagui, indicó que “el poder es sumamente valido y en la casación Nro. 1034 se especifica que el ser trabajador de la señora no lo exime del proceso (…) no hemos recibido ninguna observación y continua el mismo (…) él puede salirse y renunciar pero no se le exime de la sentencia, es contra todo los que están ahí”.
