El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley, declaró infundada la solicitud de tutela de derechos presentada por el presidente Pedro Castillo, en investigación preliminar por tráfico de influencias agravado. Este recurso fue desestimado debido ha que se desvirtuó que la Fiscalía de la Nación haya filtrado o permitido la filtración de información sobre las presuntas declaraciones que se le han atribuido al investigado Bruno Pacheco, señaló el PJ a través de su cuenta de Twitter.
Benji Espinoza, abogado del mandatario, argumentó una supuesta vulneración a la reserva de la información en la investigación que se sigue al presidente en el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas. Según el abogado «las filtraciones habrían ocurrido los días 25 y 26 de julio de 2022, por lo que en ese orden de ideas precisan que hasta la fecha 27 de julio de 2022, el Área de Enriquecimiento Ilícito y de Denuncias Constitucionales del Despacho de la Fiscalía de la Nación, no había recibido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder, acta alguna de colaboración eficaz», alegó el Ministerio Público.
Precisan además que «las actas llegan en sobre lacrado y recién el 01 de agosto de procedió a extraer los extractos pertinentes que guardan relación con los hechos materia de investigación en las 6 carpetas de las 6 investigaciones que se siguen con el señor Castillo Terrones, y se procedió a anexar en cada una de esas carpetas, poniéndose a disposición de las partes, manteniéndose nuevamente lacradas la totalidad de las actas».
Por lo que aclaran que «queda claro que al 27 de julio de 2022, el Despacho del Área de Enriquecimiento Ilícito y de Denuncias Constitucionales y el Despacho de la Fiscalía de la Nación no tenían acceso a la aludida información por lo que no resulta válido atribuirle filtración alguna de información reservada».
