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Gobierno de Keiko Fujimori plantea seguir enviando ranqueados delincuentes a Challapalca

Ministro de Justicia incluye a Challapalca en lista de penales para traslado de reos altamente peligrosos, pese a oposición de Tacna.
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El Gobierno de Keiko Fujimori evalúa continuar trasladando internos de alta peligrosidad al penal ubicado en la región Tacna, pese a los pedidos de cierre formulados ante la presidenta durante su visita a la Ciudad Heroica.

El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez Miranda, planteó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, continuar utilizando este establecimiento penitenciario, ubicado en la provincia Tarata, región Tacna, para el traslado de ranqueados delincuentes, como parte de la estrategia del Gobierno frente al hacinamiento en las cárceles del país.

«Por eso mismo la necesidad de redistribuir a los presos tratando de ubicar a los de mayor peligrosidad en aquellos penales que tienen esas características Pasco (Cochamarca), Tacna (Challapalca), etcétera», expresó el titular del Minjus el martes 15.

La propuesta se conoce apenas semanas después de la visita de la presidenta Keiko Fujimori a Tacna, el pasado 28 de agosto, ocasión en la que la Mujer Tacneña en su discurso formuló pedidos para el cierre del penal de Challapalca, cuestionando las condiciones y la inseguridad que genera su funcionamiento en esta zona de la región. A esta solicitud, el 1 de setiembre se sumó la exigencia de «Challapalca no va» expresado por la Mujer Tarateña durante su discurso por los 101 años de reincorporación a la heredad nacional.

El Gobierno sostiene que el hacinamiento constituye uno de los principales problemas del sistema penitenciario y que resulta necesario disponer de establecimientos de mayor seguridad para determinados internos. Sin embargo, las reubicaciones enfrentan también obstáculos judiciales, debido a que los traslados pueden ser paralizados mediante recursos de hábeas corpus.

De esta manera, mientras en Tacna persisten los pedidos para que Challapalca deje de operar como penal para internos de alta peligrosidad, el Ejecutivo evalúa precisamente seguir utilizando el establecimiento para ese propósito.

 

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