El caso relacionado con los bienes entregados a la Asociación de Confeccionistas de Alta Costura Julio Rospigliosi mediante el programa Procompite vuelve a cobrar fuerza. Elvis Zegarra, presidente de la organización, aseguró en entrevista con Radio Uno que existen presuntas irregularidades en el manejo de la maquinaria valorizada en aproximadamente S/150 mil y que actualmente el Ministerio Público investiga una posible omisión de actos funcionales por parte de funcionarios del Gobierno Regional de Tacna.
Según relató Zegarra, el conflicto se originó el 7 de marzo de 2023, cuando los equipos fueron retirados del local de la asociación y distribuidos entre algunos socios. El dirigente sostuvo que no se trató de una simple reubicación, sino de un “repartimiento de bienes” que habría impedido cumplir los objetivos establecidos en el plan de negocio de Procompite, orientado a incrementar la producción y capacitación de los confeccionistas. La primera investigación fiscal por presunto hurto fue archivada; sin embargo, tras una apelación, el caso fue derivado a una fiscalía especializada para determinar si existieron responsabilidades funcionales en las labores de seguimiento y fiscalización.
Durante la entrevista, Zegarra también presentó un informe de la Contraloría, identificado como Informe N.° 036-2026-OSIS-52-SO, el cual —según afirmó— advertiría observaciones en el proceso de supervisión y liquidación del proyecto. El dirigente señaló que determinados documentos habrían sido tramitados sin contar con su firma como presidente de la asociación y cuestionó que se haya dado por cumplidas metas que, de acuerdo con su versión, nunca llegaron a ejecutarse. Estas afirmaciones corresponden a las declaraciones de Zegarra y deberán ser contrastadas con la documentación oficial y las respuestas de los funcionarios involucrados.
El caso continúa en etapa de investigación y podría derivar en nuevas diligencias para determinar si los recursos públicos asignados mediante Procompite cumplieron con la finalidad para la que fueron entregados. Mientras tanto, Zegarra ha pedido a las autoridades regionales reforzar los mecanismos de control y fiscalización, con el objetivo de garantizar que los proyectos de apoyo a asociaciones productivas beneficien efectivamente a sus destinatarios y se ajusten a la normativa vigente.
