Con 66 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones, se aprobó ley que permite fiscalizar a órganos electorales y Contraloría.
La eliminación del voto preferencial será evaluada el 9
El Congreso aprobó el dictamen sobre financiamiento público y privado de los partidos políticos que permite a la Contraloría y a los organismos electorales fiscalizar sus ingresos. Los usos indebidos serán sancionados con multas de no menos de diez veces y no más de 30 veces diez veces el monto malversado, o incluso con la pérdida de la inscripción.
Con 66 votos a favor, 13 en contra y 7 abstenciones, este dictamen fue aprobado en primera votación. La exoneración de la segunda votación se dio con 61 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones.
De acuerdo al proyecto aprobado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) colaborará con la Contraloría de la República en el suministro de información para fiscalizar el financiamiento público directo.
Los partidos o alianzas que hagan uso indebido de este financiamiento serán sancionados con una multa equivalente a no menos de diez veces ni más de 30 veces el monto usado indebidamente.
Respecto al financiamiento privado, el texto establece que las aportaciones privadas de personas naturales o jurídicas, ya sea en efectivo o en especies, no debe superar las 200 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) al año.
