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“Que se vayan todos sería una buena salida democrática”

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El abogado Álvaro Zacarías dio su opinión sobre la reciente respuesta del Congreso de la República al pedido enviado por el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para que el Parlamento debate el proyecto del Ejecutivo que busca derogar la norma que regula la cuestión de confianza.

Según Zacarías, “Lo que ha hecho el congreso era predecible”, la ley Nº 31355 (ley que regula la cuestión de confianza en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la constitución política del Perú). 

Permite afrontar dos extremos que se puedan presentar: “1) No se puede presentar cuestión de confianza de normas que implican reformas constitucionales. 2) Realizar cuestión de confianza para efectos de llegar a la segunda votación de negación de confianza y tener la posibilidad por mandato constitucional, artículo 113 que produce crisis de gabinete y el ejecutivo puede disolver el Congreso.”

Lo que ha realizado el premier Anibal Torres, no es solamente una cuestión constitucional sino una cuestión política. Esto permite en la coyuntura del envío de la carta democrática a la Organización de los Estados Americanos (OEA), “Decirle: me están rechazando lo que estoy proponiendo” por parte del gobierno.

En intervención el ministro de Economía y Finanzas en el CADE señaló que “la inestabilidad política está afectando sustancialmente la economía”. Esto solo refleja que el país está en una crisis política y no hay respuestas efectivas del gobierno y del congreso, aseveró Zacarías.

Concuerda con las palabras de Pedro Barreto cuando pedía al presidente Pedro Castillo que renuncie y al Congreso de las República que convoque a elecciones. Y que para él “esta sería una buena salida democrática, inteligente de lectura, de ver el país más allá de nuestros propios intereses”.

Recordó que “el actual Tribunal Constitucional es otro conglomerado que responde a los intereses del actual Congreso” y la respuesta que dio este al premier era obvia. 

Finalmente concluyó con que la carta a la OEA puede ser contraproducente para el gobierno, la confrontación es entre el legislativo y el ejecutivo que si continúan ello no llevarán a nada positivo en materia del fortalecimiento de la institucionalidad del país que tanto se requiere.