La tensión social vuelve a escalar en el Valle de Tambo tras los recientes anuncios realizados en la convención minera PERUMIN 2023, que han sido interpretados por la población como señales claras de que el proyecto minero Tía María, a cargo de Southern Peru Copper Corporation (Sauder), podría iniciar obras en octubre. En respuesta, los agricultores y organizaciones sociales de la provincia de Islay han comenzado reuniones permanentes para definir una medida de lucha que incluiría una huelga indefinida.
Roger Chirapo, dirigente del Valle de Tambo, confirmó que las coordinaciones avanzan rápidamente y que el inicio de la protesta social dependerá del avance del proyecto. “Si anuncian que empiezan las obras en octubre, la resistencia también empieza ese mes”, advirtió. Las declaraciones que han encendido las alarmas incluyen la postura de la presidenta de PERUMIN, quien pidió que Tía María y otros proyectos mineros como Conga “se efectivicen ya”, además del respaldo político expresado por el gobernador regional de Arequipa, quien anunció el inicio de las obras en octubre y calificó a Sauder como “una buena empresa”.
Las críticas también se han dirigido al ministro de Agricultura, cuya supuesta afirmación de que “la agricultura puede esperar, pero la minería no” ha sido duramente cuestionada por los dirigentes locales. Chirapo lo tildó de “ministro prominero” y lo acusó de representar más a Energía y Minas que a los intereses del agro. El descontento crece entre la población, que percibe un alineamiento total del gobierno central con las grandes corporaciones mineras, incluso denunciando que personal vinculado a Southern habría sido colocado en instituciones clave como SENACE, OEFA y ANA, debilitando así los controles ambientales y administrativos.
Pese a los anuncios de inminente inicio de operaciones, el proyecto Tía María enfrenta serios obstáculos legales y técnicos. Southern aún no cuenta con licencia de uso de agua, ni de mar ni de fuentes superficiales o subterráneas del valle. La planta de desalinización prometida en Mejillías no ha sido construida, y la Autoridad Nacional del Agua del Alto Tambo no ha otorgado la autorización correspondiente. Frente a estas negativas, la empresa habría intentado obtener el aval de una sede de ANA en Chile, específicamente para usar aguas en el distrito de La Joya.
A estos problemas se suman la falta de servidumbre legal —es decir, el permiso para usar terrenos necesarios para el proyecto— y una deuda superior a los 200 millones de soles que Sauder mantiene con el Gobierno Regional desde 2014 por el uso no autorizado de esos terrenos. El propio gobernador regional reconoció recientemente que ni el permiso de uso de agua ni la servidumbre han sido otorgados, pese al discurso optimista sobre el inicio de las obras.
“Las denuncias judiciales demoran, pero la organización y la lucha en las calles son las que hacen retroceder al gobierno”, afirmó.
