En una reciente intervención realizada en la asociación Promovi La Unión, personal de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS), apoyado por maquinaria pesada y la policía, procedió al levantamiento de aproximadamente 15 conexiones clandestinas de agua y alcantarillado. El hallazgo se produjo luego de que vecinos de la segunda etapa denunciaran constantes problemas en el suministro y una grave inundación ocurrida la noche anterior, que afectó seriamente el interior de una vivienda familiar.
El problema se originó en una zona de expansión denominada «tercera etapa», un sector que, según testimonios, habría invadido terrenos destinados a usos múltiples y plazas. Esta asociación paralela estaría liderada por un dirigente identificado como “Vicente”, quien supuestamente promovió las instalaciones ilegales hacia la red troncal de la EPS. Los residentes de la zona formal señalaron que no es la primera vez que ocurren estos incidentes, denunciando que los responsables actúan con prepotencia incluso ante la presencia policial.
La red clandestina quedó expuesta gracias a los trabajos de remoción de tierras para la construcción de pistas y veredas en el sector. Debido a que las tuberías ilegales fueron instaladas a poca profundidad, la maquinaria encargada de las obras viales las destruyó accidentalmente, lo que desencadenó el afloramiento de aguas servidas y aniegos. Vecinos relataron que, durante la noche, personas ajenas intentaron reconectar los tubos dañados de forma precaria, lo que agravó la situación de los predios colindantes.
La EPS informó que estas acciones buscan proteger el uso responsable del agua y garantizar un servicio justo para los usuarios formales. Los técnicos de la empresa, junto a operarios de la obra vial, trabajan en la identificación y clausura definitiva de estas redes que no figuran en los planos catastrales de la entidad. Se espera que la empresa prestadora proceda con las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables de manipular la infraestructura pública.
La zona del incidente, que limita con sectores previamente declarados como «zona roja» debido a conflictos de terrenos y desalojos violentos, permanece bajo vigilancia mientras concluyen las labores de limpieza y sellado de las perforaciones ilegales.
