En la junta vecinal Para Chico, específicamente en el sector de la calle Samuel Alcázar, donde el local comunal que alberga al comedor y club de madres «Virgencita de las Peñas», así como a un grupo de adultos mayores y un Programas No Escolarizados de Educación Inicial (Pronoei), fue encadenado y cerrado con candados por la directiva de la junta vecinal
Jessica Chávez, ayudante de cocina del comedor y habitante del sector, denunció que la presidenta de la junta vecinal, Luisa Quispe Chipana, junto a otros directivos, colocaron las cadenas durante una noche de lluvia sin previo aviso. Según Chávez, la intención de la directiva es cobrar alquileres que oscilan entre los 150 y 300 soles mensuales a las organizaciones sociales o, en su defecto, desalojarlos para convertir el espacio en una cochera
Chávez asegura haber recibido una amenaza de muerte con un proyectil (bala) y una nota para que no interfiera con la junta vecinal. «Nosotros brindamos ayuda social a personas necesitadas y adultos mayores; no es justo que nos cierren las puertas por un interés económico», manifestó la afectada
Por su parte, la presidenta Luisa Quispe y el directivo Domingo Ticona negaron rotundamente las acusaciones de cobro de cupos o la creación de una cochera. Argumentaron que la medida responde a una «reorganización» necesaria debido a que el local se encuentra en condiciones precarias y, según su versión, el club de madres no tiene actividad oficial desde hace años, siendo utilizado por personas que supuestamente «lucran» con el espacio.
Quispe sostuvo que, como presidenta de la junta vecinal, tiene el deber de custodiar los bienes de la comunidad y que intentó solicitar las llaves del local de manera formal y notarial sin éxito, lo que motivó el cierre
Titularidad del terreno en disputa Un punto crucial en este conflicto es que, según los registros y declaraciones de ambas partes, el terreno no pertenece a la junta vecinal ni a la municipalidad, sino que es propiedad del Estado (SBN) y está bajo la administración del Gobierno Regional de Tacna.
Ante la imposibilidad de ingresar para preparar los alimentos de los comensales, los propios vecinos y beneficiarios utilizaron un esmeril eléctrico para romper las cadenas y recuperar el acceso al local ante la mirada de los directivos de la junta vecinal y la presencia policial que acudió a constatar los hechos.
El hecho ha dejado en evidencia que ninguna de las partes tiene la facultad legal para cerrar el local de forma unilateral. El conflicto permanece latente mientras se espera que las autoridades regionales o municipales intervengan para definir la administración.
