El médico y activista de derechos humanos Manuel Ticona Rendón expresó su rechazo a la reciente ley aprobada por la Comisión Permanente del Congreso que modifica disposiciones del Código Penal relacionadas con los delitos de lesa humanidad, al considerar que la norma favorecería la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos.
Durante una actividad desarrollada en Tacna con la participación de estudiantes de Derecho y representantes de organizaciones sociales, Ticona Rendón calificó la iniciativa como una «ley de impunidad» y sostuvo que su aplicación retroactiva podría beneficiar a personas investigadas o condenadas por casos emblemáticos ocurridos en el país.
Según indicó, entre los procesos que podrían verse afectados mencionó las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos y Accomarca, así como las investigaciones por las muertes registradas durante las protestas sociales de 2021 y 2022.
El activista afirmó que la norma contraviene los estándares internacionales en materia de derechos humanos y cuestionó que se aparte de los principios establecidos en el Estatuto de Roma.
Asimismo, expresó su escepticismo respecto a una eventual observación de la ley por parte del Poder Ejecutivo, al considerar que existe una mayoría parlamentaria que respalda la iniciativa.
Frente a este escenario, Ticona Rendón planteó tres acciones para enfrentar la norma. La primera consiste en recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar su aplicación; la segunda, exhortar a los jueces peruanos a ejercer el control de convencionalidad y no aplicar disposiciones que contradigan los tratados internacionales suscritos por el Perú; y la tercera, promover la movilización de la ciudadanía.
«El pueblo tiene que organizarse y salir a las calles para defender sus derechos», manifestó durante su intervención, al señalar que la protesta pacífica constituye un derecho reconocido por la Constitución.
Finalmente, Ticona Rendón respaldó el pronunciamiento emitido por Amnistía Internacional respecto a la norma e instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante ante las decisiones legislativas que, en su opinión, podrían afectar el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
