El Ministerio Público inició una investigación preliminar contra el gobernador regional de Tacna, Luis Ramón Torres Robledo, y el alcalde provincial, Pascual Milton Güisa Bravo, por la presunta comisión de los delitos de colusión simple y negociación incompatible en agravio del Estado, en el marco del caso denominado «Fundo Chololo».
La investigación está a cargo del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Tacna, dirigido por el fiscal Mario Yoel Berrios Luque, que dispuso un plazo de 60 días para el desarrollo de las primeras diligencias.
La medida también comprende al gerente municipal Jonathan Jorge Ríos Morales, la teniente alcaldesa Nora Victoria Morales Liendo y la jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), Ela Ninfa Maldonado Romero, esta última por el presunto delito de abuso de autoridad.
La investigación fiscal está orientada al predio denominado Fundo Chololo, que fue transferido por el Gobierno Regional de Tacna (GRT) a la MPT en el año 2023, con la finalidad exclusiva de ejecutar el proyecto «Creación del Mercado Mayorista San Pedro» en 11 hectáreas del referido predio.
Según la disposición fiscal, la transferencia establecía como condición que la municipalidad debía presentar el expediente técnico del proyecto dentro de un plazo determinado. En caso contrario, el predio debía revertir al dominio del GRT. La Fiscalía investiga las circunstancias relacionadas con el vencimiento de dicho plazo, ocurrido el 7 de junio de 2025, y las posteriores actuaciones administrativas vinculadas al levantamiento de cargas registrales del terreno.
Otro de los aspectos, está relacionado con la modalidad de ejecución del futuro mercado mayorista. De acuerdo con la hipótesis fiscal, inicialmente la MPT habría informado que el proyecto se desarrollaría mediante la modalidad de Obras por Impuesto; sin embargo, posteriormente la gestión del alcalde Güisa promovió la iniciativa privada «Proyecto en Activos», entregando la explotación económica del mercado al Consorcio San Pedro por un periodo de 30 años. La Fiscalía busca determinar si este cambio de modalidad se realizó conforme a la normativa vigente y si pudo generar algún beneficio indebido a favor de terceros.
Dentro de los elementos que forman parte de la investigación se encuentra la conformación del Consorcio San Pedro en el año 2025, así como su capacidad económica frente al valor estimado del proyecto, calculado aproximadamente en 71.1 millones de dólares.
La disposición fiscal también comprende las decisiones adoptadas en el Concejo Municipal respecto al contrato con el consorcio encargado del proyecto. Según la investigación, se evalúa la participación de funcionarios municipales en la emisión de informes legales y en las votaciones realizadas para la aprobación del acuerdo. En este punto, la Fiscalía revisa los informes emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica y el uso del voto dirimente del alcalde Pascual Güisa Bravo durante sesión extraordinaria de concejo del 2 de julio cuando el concejo no logró la votación calificada y el burgomaestre dio por aprobado el tema.
Asimismo, se analizarán las advertencias realizadas por la Contraloría General de la República respecto a posibles riesgos de nulidad en los actos administrativos vinculados al proyecto. Como parte de la investigación preliminar, el Ministerio Público programó la toma de declaraciones de los involucrados, dirigentes del mercado mayorista y del mercado Grau, además de representantes del consorcio relacionado con el proyecto.
También se solicitó información a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y a las áreas administrativas del GRT y la MPT, con el objetivo de revisar la transferencia del terreno, los acuerdos adoptados y la legalidad del procedimiento.
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