En un reciente balance de gestión correspondiente al año 2025, la Procuraduría Pública Anticorrupción de Tacna informó sobre avances en la lucha contra la corrupción, destacando el embargo de bienes inmuebles pertenecientes a César y Mario Vizcarra, hermanos del expresidente Martín Vizcarra. La medida, dictada por el Poder Judicial, busca garantizar el pago de una futura reparación civil en el marco del proceso de investigación denominado «Saqueadores de Ilabaya».
El procurador coordinador de Tacna, Reynaldo Cuayla Mamani, detalló que el juzgado declaró fundado el pedido de embargo en forma de inscripción y orden de inhibición tras subsanarse observaciones previas. Esta medida, notificada entre el 15 y 17 de enero, afecta a bienes inmuebles detectados en registros públicos, cuyo valor asciende aproximadamente a 1.6 millones de soles.
Con esta orden judicial, los investigados no podrán trasladar ni vender estas propiedades, asegurando que permanezcan como garantía para el Estado. Según las fuentes, el siguiente paso es que el juzgado de Locumba remita los partes a Registros Públicos para materializar la inscripción a favor de la Procuraduría Pública Anticorrupción Descentralizada de Tacna.
La investigación, que se remonta a hechos ocurridos aproximadamente en el año 2019, se encuentra actualmente en la etapa de investigación preparatoria. Aunque los detalles específicos permanecen bajo reserva, se sabe que los hermanos Vizcarra están comprendidos en el proceso junto a otros funcionarios por presuntas irregularidades en temas de defensa ribereña.
Balance de gestión
En cuanto al balance de gestión anticorrupción 2025, el procurador reveló que 26 nuevas denuncias han sido presentadas ante el Ministerio Público por presuntos delitos de corrupción, se han solicitado medidas cautelares y embargos ante el Poder Judicial por un monto superior a los 6.6 millones de soles, de los cuales se han logrado asegurar más de 4 millones en diversos casos.
Además, se reportó la existencia de cerca de 18 personas prófugas, entre ellas exautoridades y funcionarios, sobre quienes la Policía Nacional aún no ha reportado paraderos efectivos tras las solicitudes de búsqueda remitidas en diciembre del año pasado.
