Tras el voraz incendio que consumió el sector denominado “La Rampa” en el Mercado Central de Tacna el pasado 25 de abril, el Ministerio Público ha tomado acciones legales inmediatas. La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Prevención del Delito de Tacna, bajo la dirección de la fiscal Ximena Lizbeth Aguilar Rosado, ha dispuesto el inicio de un procedimiento preventivo de oficio por un plazo de 90 días.
La investigación se dirige contra Jonatan Ríos, gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Tacna (MPT), los subgerentes de Fiscalización y Control, Gestión del Riesgo de Desastre, Comercialización y el Administrador del Mercado Central. La fiscalía busca prevenir la comisión de delitos contra la administración pública en la modalidad de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Según el informe fiscal, el siniestro ha puesto de manifiesto una problemática estructural profunda. Entre las causas preliminares se señalan una red eléctrica antigua y sobrecargada que no fue renovada para soportar la demanda actual, hacinamiento comercial en espacios no diseñados para tales fines, acumulación de materiales altamente inflamables, como licores y perfumería, en zonas sin ventilación adecuada.
Según la disposición fiscal, es que este despacho ya había emitido reiteradas recomendaciones, exhortaciones y sugerencias previas para mejorar la seguridad en dicho sector, las cuales no habrían sido ejecutadas por las autoridades municipales.
Se destaca que el área de “La Rampa” es originalmente una zona de tránsito y descarga, cuya desnaturalización como zona comercial impidió que contara con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).
Como parte de las acciones, el Ministerio Público realizó una constatación fiscal el lunes 27 de abril para verificar los estragos del incendio y las medidas adoptadas para delimitar la zona de riesgo. Asimismo, se ha solicitado a los funcionarios implicados remitir en un plazo de cinco días hábiles informes detallados sobre las acciones preventivas y correctivas realizadas antes y después del siniestro; la existencia de licencias de funcionamiento o certificados de seguridad en el sector afectado; y el padrón de conductores y el estado contractual de los puestos comerciales.
La Fiscalía ha sido enfática en señalar que la omisión de estas funciones de control y fiscalización constituye una posible negligencia determinante, ya que los funcionarios conocían la inminencia de los riesgos eléctricos y de seguridad en el recinto.
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