La ministra de Justicia, Rosario Fernández, sostuvo hoy que el Poder Ejecutivo judicializó la convocatoria del referéndum de la devolución de aportes del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), a fin de encontrar una solución alternativa al reembolso de dinero en efectivo.
"Quizás poco se sabe que ese tema está judicializado. Hay una demanda judicial mediante la cual se está cuestionando la vigencia de esa decisión (de convocar a referéndum)", informó la titular de Justicia.
Fernández agregó que el Poder Ejecutivo interpuso la demanda a través de su procuraduría una vez que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) convocó la consulta popular, y cuyo costo asciende a 151 millones de nuevos soles, según el propio organismo electoral.
Justamente el JNE emitió un comunicado conjunto con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre la postergación del referéndum por falta de presupuesto.
"Siempre he sostenido que ese referéndum no tiene ningún sentido (…) Ahora hay una decisión pendiente ante el Poder Judicial sobre el particular, y tenemos que esperar cuál es la resolución que emitirá", subrayó la ministra Rosario Fernández.
Acerca de su posición en torno a la consulta, argumentó que carece de objetivo puesto que la devolución de aportes del desaparecido Fonavi, tenía varias alternativas, como el acceso a programas de vivienda impulsados por el Poder Ejecutivo.
Recordó incluso que el Ejecutivo, mediante la Presidencia del Consejo de Ministros, estableció una comisión especial encargada de empadronar a aquellos ciudadanos que aportaron, a fin de establecer su cantidad y el monto entregado al Fonavi.
"¿O acaso no se quiere eso, sino más bien utilizar el referéndum como un trampolín político? Si eso es así, no estamos para gastar la plata", cuestionó la titular de Justicia al comentar la actitud de la dirigencia de la Asociación Nacional de Fonavistas del Perú.
Indicó que ahora estamos frente a una crisis financiera internacional muy grave que compromete al país y a las autoridades a cuidar los fondos y a no utilizarlos de una manera que no es prioritaria. (Cortesía Andina).
